La diputada federal Sandra Paola González Castañeda, presentó un punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para que el Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, a través de las Secretaría de Salud y Desarrollo Social de dicha entidad, implemente un programa estatal extraordinario y emergente de estancias infantiles para madres en estado de vulnerabilidad, ante la contingencia de Covid-19.

No solo a nivel país, si no a nivel mundial, estamos padeciendo la pandemia de Covid-19, nos enfrentamos a ella de forma valiente, organizada y solidaria. “No obstante, el “modus operandi” que utilizamos como sociedad organizada, y más aún, las políticas públicas estructurales que ejerce el Estado a través de su potestad constitucional, pareciera que no están tomadas bajo el ejercicio de amplio conocimiento y consenso con los principales actores de la vida democrática, política y social en el Estado de Nuevo León, al que tengo la alta responsabilidad de representar”, indicó la diputada.

En los últimos días el Secretario de Salud de la entidad declaró que las estancias infantiles solamente darán servicio a los trabajadores de la salud como doctores o enfermeras, ya que se irremediablemente se requiere de sus servicios en los hospitales ante la contingencia de salud; ante esto, la diputada consideró que la decisión discrimina a las madres de familia que en muchas ocasiones son el sustento de la familia.

“Elevo mi máximo reconocimiento a los magníficos profesionales de la salud con los que contamos en el Estado de Nuevo León, así como sus respectivos equipos de trabajo; no obstante, consideramos altamente discriminatorio el hecho de objetar y obviar a los colectivos y núcleos más vulnerables durante esta pandemia, como lo son las mujeres madres de familia quienes tienen la imperiosa necesidad de que las instancias infantiles ejerzan los cuidados de sus menores hijos, toda vez que ellas se encuentran ejerciendo el liderazgo económico y laboral de su familia, y las cuales, en muchas ocasiones, representan el único sustento para su hogar”, explicó.

Son conocidas las medidas empleadas por el gabinete de la administración pública del Estado de Nuevo León con el objeto de detener y erradicar la propagación de este mortal virus, entre las que destacan el cierre inmediato de centros escolares de instrucciones básica, media, media superior y de tipo superior, que permita prevenir y contener el contagio, intentando con ello garantizar la tutela del derecho humano a la salud. “No obstante, considero que, bajo el citado criterio normativo, este se torna y constituya en un proceso excluyente y discriminatorio conforme al control de convencionalidad vinculante con el Estado mexicano y todo sus sistema normativo, procesal y decisorio en favor de proteger los derechos de unos cuantos en detrimento de los cada vez más grupos vulnerables que se encuentran en México, y concretamente en el Estado de Nuevo León”.

“Si bien reiteramos todo el apoyo para que los hijos de los profesionales de la salud sean atendidos por guarderías especializadas, también lo estamos para que las mujeres de distintas profesiones, artes u oficios puedan ejercer libremente en su respectivo ámbito laboral, toda vez que para la gran mayoría de ellas, constituye un serio obstáculo el no contar con instituciones que le brinden y garanticen los cuidados integrales a sus menores hijos poniendo gravemente en riesgo su estabilidad laboral, su desarrollo pleno a una vida integral libre de violencias, así como al libre desarrollo de la personalidad”, puntualizó.

Y es que, a decir por parte de la diputada, dichos actos se traducen en deserción laboral y precariedad económica. Dijo, no se está obviando el estado de gravedad, alerta y contingencia en el que nos encontramos en todo el país y en las entidades federativas, lo cual nos lleva a concluir que debemos apoyar al Estado en las decisiones transversales que coadyuven a combatir esta pandemia.

“En lo que no coincidimos es en la falta de exploración y sensibilidad de las autoridades de Nuevo León que permitan ofrecer diversos escenarios para que mujeres vulnerables que no puedan trabajar por el hecho de quedarse al cuidado de los menores, en el fondo, estamos creando un círculo vicioso que violenta la actividad al no poder trabajar, ya que no cuenta con la estructura y los recursos para el sistema de cuidados público o privado, y con ello, trastocar de manera indirecta el bienestar integral y los bienes jurídicos tutelados de los niños y las niñas, de su derecho a la alimentación, a la educación integral, entre otros”, concluyó.

Finalmente, Paola González consideró impostergable la creación de una política pública transitoria que permita hacer frente a la pandemia Covid-19, para que las mujeres de Nuevo León que tengan la necesidad imperiosa de dejar a sus menores en un centro de acogida puedan tenerlo garantizado, conforme a la óptica de ejercer una ponderación adecuada entre el libre desarrollo de la mujer, su derecho al trabajo, el bien jurídico del menor y su acceso definitivo a políticas públicas con perspectiva de género eficaces.