·      El objetivo es proteger el Principio del Interés Superior de la Niñez, y adolescentes, garanticen el pleno goce de sus derechos.

La diputada federal Rosalba Valencia Cruz, a fin de contrarrestar toda forma de abandono de niñas, niños y adolescentes y permitir que quienes han sido abandonados tengan la oportunidad de incidir en un entorno familiar, presentó una iniciativa por la que se reforma la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de adopción.

“El principal objetivo es proteger el Principio del Interés Superior de la Niñez, cuando las niñas, niños y adolescentes son separados de su núcleo familiar de origen, pues si bien, su situación se vuelve más vulnerable, es menester implementar mecanismos que garanticen el pleno goce de sus derechos”, argumentó.

Para cual, aseveró, es primordial crear una legislación en materia de adopción; “esto en consideración de que actualmente no existe una Ley única que regule este procedimiento, pues cada entidad federativa en el ámbito de sus competencias ha expedido legislaciones propias que hacen el procedimiento engorroso e irregular”.

La legisladora señaló que la falta de medidas legislativas, administrativas y judiciales eficientes hacen necesaria esta reforma, la cual facultará al Congreso de la Unión, expedir una Ley en materia de adopción, en la que también se establezcan las competencias de las autoridades administrativas y judiciales de los tres niveles de gobierno.

Valencia Cruz subrayó que, de acuerdo a datos de la Comisión de Derechos Humanos, existen 412 mil 456 niñas y niños privados de cuidado parental, de los cuales 29 mil 310 se encuentran en las 703 instituciones enfocadas a la atención y cuidado de personas menores de edad.

“Cifras de niñas y niños que no cuentan con una familia, y se encuentran a cargo de instituciones en las que no se les otorgan la asistencia, atención y protección adecuada, reflejando una realidad que lastima”, indicó.

Por lo que, la adopción debe enmarcarse como una política de emergencia, integrando un enfoque de protección y observancia de derechos humanos en el que se garantice el derecho a la familia y se asegure la inclusión a un nuevo entorno familiar, abarcando aspectos físicos, mentales, materiales, morales, culturales y sociales, destacó.

Por ello enfatizó, que es necesario que la Constitución Política refuerce las facultades del Congreso de la Unión en la expedición de leyes en materia de niñez y adolescencia, mismas que prevean garantías constitucionales tendientes a la máxima protección del derecho a una vida digna, a la familia; y se regule la figura de adopción desde un marco constitucional.

“Por estas razones, las medidas de protección y cuidados especiales, incluyen protección institucional, normativa y judicial, con la creación de una Ley en materia de adopción con el objetivo de proteger el principio de Interés Superior de la Niñez”, puntualizó.

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