· Todas las instituciones públicas tienen ventanas de oportunidad para mejorar el ejercicio de sus funciones, aprovechando la tecnología

“La Ley no puede rezagarse frente a una sociedad en constante evolución, por ello es necesario identificar áreas de mejora para procurar el máximo y más extensivo beneficio social, a la vez que aprovechar mejor los recursos humanos, financieros y materiales de cada institución. La tecnología es aliada en esta aspiración, pero su temprana implementación es clave, se debe adoptar antes de que se haga obsoleta”, aseguró la diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población.

En el marco de la inauguración del foro ‘Nuevas tecnologías y su efecto en el Gobierno y en la población’, la legisladora aseguró que se busca conocer las opiniones expertas de la comunidad científica y tecnológica, para entender de qué manera se pueden aprovechar las tecnologías en el ejercicio de gobierno, y cómo avanzar hacia una sociedad de conocimiento.

Sobre todo, abundó, para encontrar los mecanismos, protecciones, garantías e incentivos que se requieren para generar desarrollo y riqueza en México, a la vez que se cierran espacios a la corrupción, se afianza la transparencia, la rendición de cuentas y se conjuga austeridad con innovación.

“Marginarnos de los avances tecnológicos, implica un rezago, por ello es necesario incorporar, como política de Estado, aquellas tecnologías que nos permitan transformar la información en recursos, potenciando nuestra economía”, agregó.

En este marco, Barrera Badillo afirmó que la ley no debe ser lastre, sino brío de la actividad científica y técnica, y que México debe abrir los ojos a los beneficios que ha traído la innovación a los países que se han asumido como sus líderes y promotores, como Japón o Alemania.

Por lo anterior, consideró que, para constituir una agenda legislativa en materia tecnológica, es necesario identificar algunos de los retos inmediatos del sector público, toda vez que las Tecnologías de la Información y Comunicación plantean cambios en la forma en de interacción, por ello el sector público debe contar con plataformas para integrarlas a su actuar cotidiano.

En su ponencia, propuso el establecimiento de un órgano público que promueva la adopción de tecnologías, previa determinación de los ahorros o beneficios que se podrían obtener, y su implementación se llevaría a cabo a través de las direcciones generales de tecnología e información de cada institución.

Este órgano, indicó, actuaría siguiendo las recomendaciones de un consejo consultivo integrado por representantes de los sectores público y privado, particularmente por personas o entes especializados en tecnología, innovación e investigación que promuevan esquemas de colaboración para reducir la brecha digital.

Sin embargo, puntualizó que los mecanismos de adopción de nuevas tecnologías deben incorporar controles de transparencia y rendición de cuentas para evitar el desvío de recursos u otras prácticas reprobables.

Barrera Badillo aseguró que las ventajas de una ley que promueva la adopción de nuevas tecnologías son vastas, ya que se generarían posibilidades reales de adopción de tecnologías de punta; procuraría que el ciudadano pueda ejercer con mayor facilidad sus derechos; permitiría que los servicios ofertados por los entes públicos garanticen beneficios inmediatos, procurando el más amplio horizonte de beneficio antes de que la tecnología se tornen obsoleta; y permitiría identificar áreas en las que los beneficios de adopción de una tecnología sean más evidentes, principalmente enfocado a la generación de economías presupuestarias.

“Entonces, lo que podríamos esperar de una ley de adopción tecnológica es el cumplimiento de la obligación del Estado de ofrecer mayor seguridad en entornos digitales, e incorporar permanentemente mejores prácticas en el ejercicio de la función pública. Todas las instituciones públicas, sin excepción, tienen ventanas de oportunidad para mejorar el ejercicio de sus funciones, aprovechando la tecnología”, concluyó.