A la opinión pública.

Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de la pandemia por COVID-19 en el mundo, por lo que el gobierno de Donald Trump dispuso de más de 2 billones de dólares y la implementación de una serie de acciones para mitigar los efectos económicos de los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, hay cerca de 11 millones de personas que no están contempladas en éstas, se trata de los migrantes no regularizados y de los cuales el 60% son mexicanos.
La situación de los migrantes mexicanos en tiempos del coronavirus resulta compleja por su contexto de movilidad, a pesar de que muchos de ellos contribuyen con el pago de impuestos. Dicha situación ya comienza a resentirse en los hogares de nuestros connacionales, pues muchos de ellos se han quedado sin empleo y, por tanto, sin ingresos, además se enfrentan a la falta de acceso al seguro de desempleo, a la seguridad social o al sistema de salud pública.
Hasta el momento hay más de 180 mexicanos que perdieron la vida por el COVID-19, la mayor parte con residencia en Nueva York, esperando que en las últimas semanas haya un repunte de contagios.
Así mismo, es necesario hacer hincapié que pese a la emergencia sanitaria que se vive en todo el mundo, el gobierno de los Estados Unidos se basa en la sección 265, del punto 42 del Código Legal estadounidense para negar el ingreso de solicitantes de asilo por el COVID-19, lo que le permite expulsar a cualquier migrante indocumentado sin ningún periodo de detención, ni debido proceso. Lo que ha derivado en una serie de retornos a la frontera norte de México de alrededor de 1,100 mexicanos y algunos centroamericanos diarios.
La OIM sostiene que, en un mundo interconectado y globalizado, donde millones de personas se movilizan a diario, las enfermedades infecciosas como COVID-19 entrañan riesgos evidentes para la economía y la salud pública, pero también otros menos visibles como el de la discriminación.
Por tanto, resulta necesario que el gobierno de México, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores implemente estrategias y acciones encaminadas a garantizar la integridad y los derechos humanos de los connacionales en el exterior, así como programas emergentes para mitigar el desempleo.
De igual forma, es necesario que la Secretaria de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración implementen protocolos rigurosos para la oportuna detección del COVID-19 en la frontera norte del país.

Atentamente
Dip. Julieta Kristal Vences Valencia
Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios
de la Cámara de Diputados.