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Cumplimos

Presenta Aleida Alavez iniciativa para que bancos no se cobren a lo chino con apoyos entregados a través de programas sociales

5 agosto, 2020 - Prensa

·         Se busca proteger los recursos entregados de acciones como  retenciones, descuentos, deducciones o embargos por parte de particulares, sin juicio previo.

 

Con el propósito de blindar los recursos que la ciudadanía recibe de los programas sociales establecidos como derechos en la Constitución, la diputada Aleida Alavez Ruiz presentó una iniciativa para que estos apoyos no puedan ser materia de actos como retenciones, descuentos, deducciones o embargos por parte de particulares.

 

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada del Grupo Parlamentario de Morena explicó que las personas que pertenecen a los grupos de mayor vulnerabilidad social son frecuentemente víctimas de prácticas o cláusulas abusivas, en los contratos de adhesión que ofrecen las instituciones financieras para sus servicios.

 

Esta situación, apuntó, deja a los clientes en estado de indefensión, ya que muchas veces no se les proporcionan las explicaciones necesarias para conocer los alcances de lo que suscriben.

 

Alavez Ruiz advirtió que es práctica común de las instituciones financieras colocar en los contratos de servicios financieros las conocidas como “cláusulas de compensación”, en las que se dispone que el cliente autoriza y faculta al banco para cargarle en cualquier cuenta los adeudos vencidos y no pagados a otra cuenta a su nombre.

 

Podemos ver, comentó, que cuando alguna cuenta refleja un ingreso se vinculan las cuentas de los clientes, y con base en estas cláusulas las instituciones financieras pueden realizar los descuentos, retenciones o embargos.

 

“Acción que se equipara a un embargo unilateral, no importando que el origen de los recursos, incluso, provenga de salarios, los cuales están protegidos por la Constitución y por la ley contra los embargos”, agregó.

 

La diputada Aleida Alavez recordó que en mayo de 2020 entró en vigor la reforma al artículo 4º constitucional que establece garantías de derechos fundamentales para las personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes a través de la entrega de apoyos económicos, los cuales se dispersan por instituciones financieras.

 

En ese sentido, la diputada morenista destacó la necesidad de establecer un esquema de protección a los sectores más vulnerables, y evitar que los recursos que se destinan a ejercer las garantías contenidas en el artículo 4º constitucional a favor de las personas mayores, personas con discapacidad, estudiantes y otros que se otorguen por cualquiera de los tres órdenes de gobierno para el combate a la pobreza y desigualdad social sean inembargables, sin juicio previo.

 

Al presentar su iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 4º de la Constitución, aclaró que no se trata de dar una patente de inmunidad y con ello evitar los pagos por deuda contraídas, nuestro sistema jurídico reconoce el principio de la pacta sunt servanda, es decir, que se debe cumplir con lo comprometido, por lo que si alguien debe, es menester que cumpla con su obligación.

 

Sin embargo, añadió, existen principios constitucionales como la seguridad jurídica, la certeza y el debido proceso que protegen a todos los ciudadanos por igual.

 

“Nadie puede hacerse justicia por propia mano; los recursos provenientes para garantizar los derechos fundamentales de las personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes, así como aquellos apoyos para combatir la pobreza y la desigualdad social, deben contar con la protección constitucional y las garantías procesales que en ella se consignan”, enfatizó.

 

En el caso que nos ocupa, reiteró, debe brindarse la mayor protección posible y evitar un embargo sin que haya concluido el proceso, pues de conceder a las instituciones financieras el embargo previo, la persona en estado de vulnerabilidad resentiría un daño económico que afectaría su subsistencia y la de su núcleo familiar.

 

 

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