• El llamado de la diputada morenista se dispone en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19, y contempla a los hijos de las reclusas que las acompañan.

La diputada federal Graciela Zavaleta Sánchez presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo donde llama a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a revisar programas y protocolos para garantizar el derecho al acceso a servicios de salud y de atención médica, de mujeres en estado de reclusión, así como a sus hijos en el marco de la actual pandemia.

A través del exhorto, la legisladora refirió que la emergencia sanitaria causada por el virus Sars CoV-2 ha puesto en manifiesto las deficiencias sistemáticas al interior de las prisiones y las graves violaciones de los derechos humanos que se dan en ellas.

También, señaló que “ha puesto al descubierto la falta de inversiones y el abandono de los servicios de salud que durante años han tenido las prisiones.”

La diputada expresó que si bien toda la población de las cárceles está viviendo esta falta de atención, las mujeres son el sector más sensible. Porque algunas viven con sus hijos en los centros de detención, situación que acentúa el riesgo de contagio, dado “que las condiciones sanitarias no existen o son muy precarias.”

Al respecto de esta problemática, apuntó que sólo el 10% de las prisiones cuentan con áreas de maternidad y educación temprana, mientras que el resto de las cárceles al no contar con las condiciones separan a las madres de sus hijos después de nacer.

“Esa situación no cambió ante la actual emergencia sanitaria. Pareciera que a las mujeres privadas de su libertad nadie las ve y nadie se preocupa por ellas”, manifestó.

Graciela Zavaleta advirtió que los sistemas penitenciarios de numerosos países han recurrido a medidas que dan lugar a la violación de los derechos humanos, como las cuarentenas y confinamientos excesivos. En ese tenor, apuntó que las mujeres son las más vulnerables ante este tipo de medidas.

Argumentó que, de acuerdo a la organización civil Reinserta, las medidas básicas de prevención anunciadas por la Organización Mundial de la Salud, como el lavado constante de manos y la separación de al menos un metro de distancia, no han podido ser garantizadas en los centros de reclusión.

Muestra de ello, explicó, son los datos que arrojó el Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que indican que en el 2019 el 63% de las cárceles en México presentaron deficiencias en material, equipo e higiene en áreas de dormitorio. Además, de una sobrepoblación en el 33% de las prisiones.

Informó que otro dato de suma relevancia es que el 32% de los penales registra deficiencia en los servicios de salud. Asimismo, manifestó que la organización Reinserta ha reportado que los reclusorios carecen de medios para dotar de productos antibacteriales a su población.

Finalmente, comentó que las autoridades penitenciarias del país han dispuesto medidas como reducción de días de visitas, cercos sanitarios entre otras acciones, que no han sido del todo eficaces para reducir el riesgo de contagio. Es por ello que enfatizó la pertinencia de una revisión en la materia.