Al considerar que es una postura meramente política, la diputada federal de Morena por Nuevo León, Guillermina Alvarado, rechazó la controversia constitucional promovida por Acción Nacional con la que se busca echar abajo el decreto de AMLO, que permite a las fuerzas armadas continuar desarrollando tareas de seguridad.

Este fin de semana, la Presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional derivada de la pasada reforma que crea la Guardia Nacional y específicamente del decreto publicado el 11 de mayo de 2020 (D.O.F.) por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo anterior, la legisladora expresó que como es de conocimiento público, el Poder Legislativo Federal, así como la mayoría de los Congresos Estatales aprobaron de manera contundente la creación de la Guardia Nacional, de la cual fue promovente en tribuna y que tendrá la gran labor de salvaguardar y buscar el restablecimiento de la seguridad pública y la paz en nuestro país.

“Como sabemos, dicha reforma en sus artículos transitorios, aprobados por unanimidad, establecieron la posibilidad de que las fuerzas armadas de nuestro país, a las cuales les externo mi más amplio reconocimiento, pudieran como lo han hecho ya desde hace más de 12 años, actuar en labores de seguridad pública con un marco normativo, siempre apegado al respeto de los derechos humanos”, sostuvo la diputada.

Esto se dio porque se requería un mecanismo que atendiera la solicitud de los gobiernos estatales y municipales.

La legisladora de Morena, dijo que los estados y municipios en el marco de las “Audiencias Públicas” pidieron que no querían que las Fuerzas Armadas dejaran de la noche a la mañana de apoyarlos en dichas labores, pues en muchos de los casos, ha sido esa la única manera en la que han podido recuperar la seguridad en sus localidades.

Alvarado Moreno señaló que dichas labores serán sólo durante 5 años contando desde la publicación de dicha reforma Constitucional en el Diario Oficial de la Federación.

“Este mecanismo pretende desplegar de manera gradual los nuevos elementos de la Guardia Nacional de y en sincronía ir retirando en misma proporción a las fuerzas armadas de las calles”, apuntó.

Recalcó que el Poder Ejecutivo Federal atendiendo la reforma, emitió un acuerdo que simplemente le da continuidad a lo mandatado en los artículos transitorios, esto es fundamental pues los elementos de las fuerzas armadas necesitan una manera de actuar en este lapso de tiempo y hasta regresar en su totalidad a sus actividades constitucionales, esto es para no desproteger en ningún momento a los mexicanos.

Dicho lo anterior, el artículo que invoca la presidenta de la Cámara de Diputados para ejercer su derecho de interposición de demanda de controversia Constitucional, de hacerlo en su carácter de Presidenta del Congreso, podría hacerlo “sin perjuicio del proceso establecido en el párrafo 1”.

“Lo señalo derivado de lo siguiente: las y los legisladores que conformamos la mayoría en la Cámara de Diputados, consideramos que esta acción tiene un fin meramente político, es por ello que buscaremos los mecanismos de que dicha acción sea consultada a la máxima autoridad el Pleno”.

“Es por ello que exhortamos a la presidenta de la Cámara de Diputados a no actuar en perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 233, párrafo 1 del nuestro Reglamento. Y por ello, que dicho instrumento sea consultado tanto en la Junta de Coordinación Política, así como en el Pleno de la Cámara de Diputados”, subrayó.

Guille Alvarado mencionó que “en particular” le preocupa, que el acuerdo contradice el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación de las fuerzas armadas que participen en tareas de seguridad pública a las autoridades civiles al establecer que el Secretario de Seguridad Pública debe “coordinarse” con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

“Esa preocupación es propia y le queremos esclarecer que al Grupo Parlamentario de Morena no le preocupa, pues las fuerzas armadas se han coordinado desde hace ya muchos años con las fuerzas de seguridad pública. Las estrategias y modos de coordinación ya existen”, afirmó.

Finalmente, la diputada federal reiteró el exhorto a la diputada y estará al pendiente de lo que pueda resolver la Junta de Coordinación Política, pues dicha acción insistió que es derivada de una posición política y unilateral.

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