· Permanece la obligación de un registro público de endeudamiento y la operación del sistema de alertas, dijo.

Carol Antonio Altamirano, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, aseveró que la finalidad de la reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es para ayudar a enfrentar las necesidades que se originaron o se agravaron derivado de la emergencia sanitaria y económica por el Covid-19.

Al fijar el posicionamiento a nombre de su fracción parlamentaria a favor del dictamen, puntualizó que se mantienen intactas las regulaciones que se establecieron desde el 2015 en la Constitución, en donde “permanece la obligación de un registro público de endeudamiento y la operación del sistema de alertas, en el cual la mayor parte de las entidades hoy tienen un indicador verde o amarillo y solamente dos están en rojo”.

“Con el dictamen la norma se mejora y actualiza. Se mantienen los principios constitucionales de la reforma de 2015 y al mismo tiempo se liberan flujos de recursos para que las entidades federativas y los municipios puedan atender la pandemia, las presiones financieras y el contexto económico”, aseguró.

El legislador de Morena indicó que se mantiene la obligación legal que evita que las participaciones que reciben las entidades federativas se comprometan libremente como garantías.

Además, acotó, de seguir como condición que el apoyo de la Federación a los gobiernos locales, sea antecedido por una estrategia de ajustes. La garantía federal sólo se puede otorgar bajo ese control y mediante la suscripción de convenios que evalúan las condiciones de cada entidad.

“Se mantiene el proceso competitivo para que el financiamiento a contratar sea el que tenga mejores condiciones de mercado y no se tocaron ninguna de las facultades de las legislaturas locales, de forma que para su aprobación se requiere su autorización por una votación de dos terceras partes”, sumó.

Asimismo, se sigue el mandato para que el endeudamiento de las entidades y municipios únicamente se destine a inversiones públicas–productivas para evitar usos discrecionales.

“No hay lugar a dudas. Las medidas sustantivas de control y registro del financiamiento se mantienen en los términos mandatados por nuestra Constitución. Pero la realidad es que la pandemia y sus impactos representan una circunstancia nunca antes vista”, subrayó.

Carol Antonio expuso que con esta reforma se contribuirá en la economía local para atender los hechos emergentes. Pero actualmente no está previsto atender los casos de salud y sus impactos económicos con medidas similares a las que se aplican en emergencias de Seguridad Pública o Protección Civil.

Por ello, agregó, es necesario reformar el texto para poder atender la emergencia con la condición de que sea reconocida por la autoridad competente. Los recursos previstos para desastres naturales: Los recursos reservados para desastres naturales también puedan usarse para acciones en materia de salud pública.

“Se incorpora un capítulo específico de Previsiones extraordinarias para que los gobiernos locales puedan renegociar sus endeudamientos de corto plazo si se presenta una caída del PIB superior al 5 por ciento”, informó.

El diputado por el estado de Oaxaca marcó que en cuanto al diferimiento temporal de adeudos de corto y largo plazo, se propone que las entidades federativas y municipios puedan diferir los pagos de la deuda de corto y largo plazo, por un periodo de hasta 12 meses.

Y en el caso de las transferencias federales etiquetadas, indicó que las correspondientes al 2019 podrán devengarse y pagarse en diciembre de 2020, mientras que las de 2020 podrán devengarse y pagarse en octubre de 2021; siempre que en ambos casos, los recursos hayan estado comprometidos en diciembre.

“Se incorpora la posibilidad de que las legislaturas de los estados puedan decidir si optan o no, por balances negativos por emergencias sanitarias. En el caso de los adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores: se incrementa el porcentaje de recursos que se podrán registrar como ADEFA. Esta medida transitoria se inicia en el 2021 con un 5 por ciento para que de manera gradual en 2024 se regrese al nivel de 2 por ciento por ciento”, refirió.

Finalmente el diputado de Morena apuntó que frente a la emergencia sanitaria, es el momento para actuar, ayudar a las entidades y municipios porque existe el riesgo de que dichas regiones caigan en circunstancias de insolvencia, y ello sería la entrada a caídas en las valoraciones crediticias e incremento en las garantías, es decir, que eso implicaría un escenario de mayor impacto y gravedad.