Analiza Ricardo Monreal los alcances de la reforma hídrica de 2025 en su nuevo libro
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de julio de 2026. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, invitó a la presentación de su libro La nueva legislación por el agua, que se llevará a cabo este martes 7 de julio en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
El legislador explicó que la obra tiene como propósito compilar la trayectoria histórica que ha dado forma a la política hídrica en México y, al mismo tiempo, delinear los alcances y las expectativas que se abren a partir de la reforma en materia de agua aprobada en 2025.
Monreal Ávila sostiene que el agua debe entenderse como un eje articulador de las políticas públicas, debido a que la seguridad hídrica está estrechamente vinculada con la soberanía alimentaria, el ordenamiento territorial, la política energética, la protección de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático, con la perspectiva de consolidar un Estado de bienestar.
“Este libro, por tanto, sostiene que el agua debe ser entendida como un eje articulador de políticas públicas en el sentido de que la seguridad hídrica está indisolublemente ligada a la soberanía alimentaria, al ordenamiento territorial, a la política energética, a la protección de ecosistemas y a la adaptación al cambio climático con la mira puesta hacia un Estado de bienestar”, señala el diputado.
Asimismo, indicó que el objetivo de la publicación es contribuir al debate nacional sobre el agua mediante un análisis que permita identificar los errores del pasado, valorar los avances alcanzados en el presente y plantear las interrogantes que seguirán definiendo el futuro de la política hídrica del país.
En la obra, el legislador realiza una reflexión crítica sobre los alcances de la reforma de 2025 en materia de aguas y reconoce que ésta representa un avance significativo al fortalecer el derecho humano al agua, incorporar principios de gestión integral, ampliar la participación social y reforzar la rectoría del Estado sobre los recursos hídricos.
No obstante, advierte que ninguna modificación legal, por sí sola, puede resolver los problemas acumulados durante décadas en el manejo del recurso.
En ese sentido, afirma que la nueva Ley de Aguas constituye un punto de partida para enfrentar los desafíos del país y no una solución definitiva, ya que la crisis hídrica en México es de carácter ambiental, social, técnico, económico y jurídico, por lo que demanda respuestas integrales que trasciendan el ámbito estrictamente normativo.
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