· Suscribieron un punto de acuerdo que exhorta a la FGR a capacitar a sus ministerios públicos que atiendan o investiguen delitos cometidos contra las mujeres.

La Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada Wendy Briceño Zuloaga, sostuvo la Décima séptima sesión ordinaria de forma presencial, en donde se aprobaron diversos dictámenes que reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMLV).

Las diputadas integrantes de esta comisión formalizaron su voto a favor entorno a estos dictámenes que ya habían sido analizados y discutidos previamente en reuniones vía remota durante el confinamiento por la emergencia sanitaria.

Las legisladoras avalaron el dictamen en sentido positivo por el que se adicionan el artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cuyo objetivo es facultar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para diseñar e implementar el Modelo de Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.

Al respecto la presidenta de la comisión, la diputada Wendy Briceño señaló que este tema es sumamente importante observar el enojo de muchas mujeres, de estudiantes, así como también observar el contubernio que prevalece en muchas instituciones educativas.

Por lo que, hizo un llamado a que las autoridades educativas hagan su parte y dejen de poner esa resistencia al avance de estos protocolos para contrarrestar y erradicar el hostigamiento sexual en las escuelas.

A nombre de la Comisión de Igualdad de Género, “hoy nosotras refrendamos nuestro compromiso con las mujeres, con las estudiantes, con acabar con todo ese tipo de contubernios y los vamos a seguir denunciando, más allá que los violentadores quieran confundir en contra de quienes luchamos en contra de todas las violencias”, expresó.

Asimismo, las diputadas federales votaron a favor del dictamen en materia de centros de justicia para las mujeres, suscrita por la diputada Mildred Concepción Ávila Vera y María Wendy Briceño Zuloaga, cuyo objetivo es fortalecer los centros de justicia en atención a las mujeres víctimas de violencia.

De igual forma se busca establecer la naturaleza jurídica de estos centros a través de una reforma integral que busca la homologación en el funcionamiento y directrices de atención a las mujeres víctimas de violencia.

En ese tenor, las diputadas por Morena, María Eugenia Hernández, Beatriz Rojas Martínez, Mildred Concepción Avila Vera, coincidieron en la importancia de esta iniciativa, y apuntaron en la necesidad de que estos Centros de Justicia se encuentren en los lugares donde las mujeres no tienen a dónde recurrir y que puedan dar un seguimiento en apoyo a las víctimas de violencia.

Durante la reunión también se discutieron los dictámenes para definir la violencia simbólica como tipo y la violencia mediática como modalidad, las cuales normalizan las desigualdades entre mujeres y hombres; y el dictamen para modificar la LGAMLV, en el que se determinó a que, durante la solicitud de medidas cautelares y órdenes de protección, el Ministerio Público, deberá manifestar el o los hechos de violencia por las que la vida, la integridad corporal o la libertad de las víctimas pudiera encontrarse en riesgo

De igual forma, se aprobó por unanimidad el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 2O. de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución, a fin de fortalecer al sector social de la economía con un sistema que contribuya a la igualdad de género y a la equitativa distribución del ingreso

De esa forma mejorar las prácticas de las organizaciones de la economía social y solidaria en temas de igualdad de remuneración y de representativa en los órganos de decisión para mejorar las condiciones de trabajo y de vida con perspectiva de género.

Por último, las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, aprobaron el dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General de la República y a las y los titulares de las fiscalías a capacitar a los ministerios públicos y personal a su cargo, para que investiguen los delitos contra las mujeres conforme a diversos protocolos.