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Reconocer derecho humano a la movilidad, oportunidad de colocar al ciudadano al centro de actividad legislativa: Aleida Alavez

14 octubre, 2020 - Prensa

· Este dictamen está dedicado a las víctimas de los accidentes viales, que por infortunios del destino perdieron la vida o sufren las consecuencias de la imprudencia, pronunció.

En el marco de la discusión del dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada Aleida Alavez Ruiz señaló que impulsar este marco jurídico es reconocer el derecho humano a la movilidad y seguridad vial para todas y todos los mexicanos.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales apuntó que dar facultades al Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia que regule la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, así como facultar a los municipios y zona metropolitana del Valle del México para establecer medidas de planeación en favor de estos derechos “es una oportunidad de colocar al ciudadano al centro de la actividad legislativa”.

La diputada Aleida Alavez fundamentó el dictamen del órgano legislativo en materia de movilidad, donde puntualizó que es fundamental que en la normatividad secundaria se establezcan mecanismos eficaces de participación ciudadana, sin la cual esta propuesta no sería posible.

Recordó que tras realizarse parlamentos abiertos de manera virtual en materia de movilidad y seguridad vial, en el que participaron servidores públicos e integrantes de la sociedad civil, se argumentó sobre los beneficios y la urgencia de legislar a fin de dar las garantías constitucionales.

Alavez Ruiz apuntó que frente a la situación de emergencia sanitaria derivada por el Covid-19, “los tres ámbitos de gobierno tienen que ser capaces de establecer criterios orientadores del presupuesto para acercase a la garantía de derechos”.

Argumentó que el presupuesto público en movilidad discrimina a los grupos más vulnerables, en donde el 70 por ciento se destina a atender a la población que tiene acceso a un vehículo particular como medio de transporte y no a la mayoría de la población que no cuenta con un vehículo privado.

En ese sentido, apuntó que un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2018, en materia de seguridad vial, se destacan un total de 365 mil 67 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, en los que 4 mil 227 personas murieron y 89 mil 191 resultaron heridos a causa de estos accidentes.

“Este dictamen está dedicado a las víctimas de los accidentes viales, que por infortunios del destino perdieron la vida o sufren las consecuencias de la imprudencia”, pronunció.

Y, además, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud cada día alrededor de 3 mil 500 personas fallecen en las carreteras, millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año; los niños, los peatones, los ciclistas y los ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública.

“Los accidentes vehiculares son la causa principal de mortalidad en el país, tanto en conductores como en peatones, derivado de las malas prácticas para la conducción de un automóvil, así ́ como un mal diseño vial”, lamentó.

En ese sentido, la legisladora de Morena subrayó que se deben establecer medidas para hacer las vías más seguras, no sólo para los ocupantes de vehículos, sino también para los usuarios más vulnerables de las vías: peatones, ciclistas, motociclistas, toda vez que existen altos índices de mortalidad debido a que no se llevan a cabo con alto rigor las medidas de seguridad ya aplicadas en nuestro país, así como en el resto del mundo.

Externó que el proyecto legislativo tiene como principio respetar los derechos humanos, el atendiendo “la vida cotidiana de las personas, no es abstracto, todo lo contrario, lo vivimos y lo padecemos todos los días al ir a nuestro trabajo, a nuestra casa, a la escuela o a un centro de esparcimiento, lo mismo en zonas urbanas que rurales”.

Se busca, acotó, el uso responsable de la vía pública por peatones y transportistas, así como la debida planeación e intervención de las autoridades municipales, estatales y federales, lo cual nos debe conducir a un modelo que siente las bases para traslados más eficientes y seguros.

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