·      Esta reforma representa un paso más hacia la construcción de un país que ponga en el centro de su atención a las y los ciudadanos, consideró el diputado Ulises García

Con 464 votos en a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la Comisión de Educación, con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional, a fin de garantizar el derecho fundamental a la defensa adecuada por parte de un abogado

Al hacer uso de la voz desde tribuna, el diputado Ulises García Soto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que la defensa adecuada por parte de un litigante titulado pretende asegurar un trato digno e igualitario ante la ley para evitar injusticias.

Afirmó que la desigualdad socio económica en el país ocasiona que la impartición de la justicia sea desigual para la población, por lo que este tipo de reformas que armonizan estos conceptos de la Constitución con las leyes secundarias “nos permiten dar paso a un sistema judicial más justo y equitativo”.

En ese sentido puntualizó que la reforma tiene dos objetivos rectores. En primera instancia, dijo, se busca garantizar en la ley reglamentaria el derecho del acusado a una legítima defensa por un profesional licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional.

En segundo lugar, continuó, se pretende armonizar la ley con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución para evitar conflictos normativos y antinomias.

“Al igual que la Constitución este Código Nacional establece en su artículo 113 fracción XI que el imputado tiene derecho a una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de la detención”, expresó.

Añadió que en el artículo 17 del ordenamiento legal menciona que la defensa es un derecho fundamental irrenunciable que asiste a todo imputado.

Detalló que con esta reforma se hace obligatorio que los defensores sean licenciados en derecho o abogados titulados con cédula profesional y en caso de que los imputados no hicieren uso de este derecho se nombrará un defensor público, según lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Esta reforma representa un paso más hacia la construcción de un país que ponga en el centro de su atención a las y los ciudadanos”, expresó.