• El sistema de justicia no está a la altura de las necesidades y expectativas de la ciudadanía, que pide soluciones eficaces y eficientes.

En el marco de la instalación del grupo de trabajo encargado de revisar lo relativo a la legislación en materia de justicia cotidiana, la Diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, celebró la creación de un grupo cuya finalidad es generar un proyecto referente al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Alavez Ruiz, impulsora ante Jucopo para que se instalara este grupo de trabajo y se avance en el tema, explicó que hay un ordenamiento pendiente para que “las y los diputados deben de expedir regulación referente en materia laboral, de resolución del fondo de conflictos, sistema nacional de impartición de justicia, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante, mecanismos alternativos de solución de controversias no penales, registros civiles y legislación única en materia procesal civil y familiar”.

Lo anterior, debido a la declaración de las reformas y adiciones a la Constitución, en materia de justicia cotidiana, realizadas el pasado 15 de septiembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación.

Aleida Alavez explicó que el ordenamiento pendiente se debe a que la regulación procesal civil y familiar que existe en nuestro país es diversa, ya que cada Entidad Federativa tiene su propio Código Procesal, esto es, 33 codificaciones diversas.

“Tener 33 codificaciones, significa que existen reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas y, a veces, contradictorias entre sí, en relación a un mismo procedimiento o conflicto”, señaló.

Por lo que, refirió que el sistema de justicia basado exclusivamente en procesos escritos, no está a la altura de las necesidades y expectativas de la ciudadanía, que pide se resuelvan sus casos de forma eficaz y eficiente.

En este sentido, la legisladora morenista indicó que las y los legisladores deben de tener cuidado al confeccionar y expedir la legislación nacional en materia procesal civil y familiar, ya que se debe de partir de un hecho incontrovertible.

“Se trata de hacer efectiva la garantía de, cuando menos, tres derechos humanos como lo son: acceso a la justicia, de tutela jurisdiccional efectiva y de seguridad jurídica”, mencionó.

Detalló que “esos derechos implican que se desarrollen procedimientos judiciales ágiles, pero sobre todo efectivos”

“Por una parte, que permitan a los juzgadores resolver los conflictos que cotidianamente son puestos en su conocimiento por los justiciables y, por otra, que existan mecanismos eficientes a través de los cuales se materialicen, en su esfera de derechos, los efectos de la sentencia respectiva, pues no es poco frecuente que exista dificultad para hacer que se cumpla una resolución”, refirió.

Especificó que esos obstáculos hacen que, ante los ojos de la ciudadanía, nuestro sistema procesal civil y familiar se vea lento, complejo y costoso.

Finalmente, invitó a legislar para establecer una misma base regulatoria, que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país, y establecer los parámetros para hacer efectivas las garantías de los derechos humanos antes mencionados.

“Como legisladoras y legisladores, escucharemos a quienes se encuentran vinculados a la materia, como lo son, de forma enunciativa pero no limitativa, Juzgadoras y Juzgadores, tanto locales como federales, abogadas y abogados postulantes, Colegios de abogadas y abogados, Universidades, y Asociaciones de juzgadoras y juzgadores. Se pondrá todo el cuidado necesario, para que el producto legislativo sea uno que, sobre todo, sirva a quienes exigen justicia”, concluyó.

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