·      No es un tema en contra de una persona o una administración. Es un tema de casos de impunidad, corrupción y donde fueron violados los preceptos constitucionales

Las Comisiones unidas de Gobernación y Población, y Justicia que presiden las diputadas Rocío Barrera Badillo y Pilar Ortega Martínez, respectivamente; ratificaron, con 48 votos a favor y tres en contra, el proyecto de dictamen que comprende los expedientes SEPJP/LXII/028/2013 y SEPJP/LXIV/060/2019 de juicio político a Rosario Robles Berlanga por el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

Barrera Badillo explicó que las comisiones unidas fueron citas a sesionar de manera extraordinaria luego de que la subcomisión de Examen Previo acordara que existe responsabilidad y por lo tanto proceden las denuncias contra la ex funcionaria pública Rosario Robles Berlanga, en su calidad de Secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entre los años 2012 y 2018, como única denunciada.

Luego de que fuera ampliamente discutido y ratificado, Barrera Badillo señaló que el expediente será remitido a la Comisión Jurisdiccional, para que ésta, en ejercicio de sus funciones, integre la Sección Instructora, que estará encargada de la instrucción del juicio político.

Y en estricto apego a las formalidades del proceso y garantías procesales, realice la notificación a Robles Berlanga, desahogue las pruebas, escuche los alegatos en un plazo de 60 días ampliables hasta 15 días adicionales.

De concluirse el trámite de manera positiva pasaría al Senado, donde la Sección de Enjuiciamiento, en su caso, lo avalaría y se aplicarían sanciones de inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público hasta por 20 años.

Por otro lado, ante las acusaciones que se hecho sobre la existencia de una revancha política, Barrera Badillo aclaró que no existe ninguna venganza ni revancha, sino que es un tema de las facultades que se tienen como Cámara de Diputados para iniciar juicios políticos.

“Yo lo he mencionado varias veces, la Subcomisión de Examen Previo tiene un calendario específico de cómo ir dictaminando y en ese momento pues le tocó al caso de la ‘Estafa Maestra’, que es en el orden de prelaciones que tenemos; pero, yo lo vuelvo a repetir, no es un tema en contra de una persona o de una administración. Es un tema de aquellos casos que son casos de impunidad, casos de corrupción y que fueron violados los preceptos constitucionales”, agregó.

Y adelantó que, las denuncias que cumplan con los elementos correspondientes, no solamente contra funcionarios de otras administraciones, sino también de la actual administración, en su momento también se atenderán y se harán los resolutivos correspondientes.

En la discusión del dictamen en comento, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, una de las promoventes de la demanda de juicio político, enfatizó que el proceso contra la funcionaria Rosario Robles es una oportunidad para continuar con la revisión de otros casos de la misma índole, que pudieran estar relacionados.

“Este juicio político o este proceso que hemos puesto en la denuncia habla de una red, por lo cual creo yo que, si esto avanza, habría que jalar el hilo para que a partir de aquí pudieran empezarse a hacer a lo mejor denuncias penales”, manifestó.

En este sentido Clouthier Carrillo señaló la gravedad de todos los desvíos de dinero público, especialmente los que se involucran con la educación, pues “están robándole a una de las cosas más preciadas de lo que es invertir en capital humano y en futuro”.

Y consideró que los gobernadores podrían hacerse responsables de exponer los casos particulares en los que se vieron involucradas las universidades de sus respectivas entidades federativas en la ‘Estafa Maestra’, a fin de esclarecer y fundamentar puntualmente el desvío de recursos.

Por otro lado, para el diputado Rubén Cayetano García, el juicio político al que se quiere someter a Rosario Robles Berlanga, es un procedimiento sólidamente fundamentado, que busca hacer justicia y terminar con la corrupción y la impunidad.

“No es una consigna ni venganza que en el caso concreto pretenda hacer leña del árbol caído. Por el contrario, la procedencia de las denuncias y la admisión para aperturar juicio político es porque se han cumplido requisitos de procedibilidad”, manifestó.

En ese sentido, Cayetano García manifestó que todas las instancias involucradas deberán cumplir a cabalidad con el procedimiento, a fin de que el Senado de la República “no tenga otro margen que no sea el de sancionar sin duda ni titubeo”.

Recordó que Robles Berlanga fue partícipe de un sofisticado fraude en contra de la nación, cometido desde el gobierno, que no entrega contratos directamente a empresas, sino que los facilita a universidades públicas, las cuales destinan a empresas, lo cual otorgó a estas casas de estudio mil millones de pesos de comisión, aunque no hayan dado ningún servicio.

“En tiempos de injusticias, de impunidad y ausencia del estado de derecho, el juicio político fue letra muerta. En nuestros tiempos de la Cuarta Transformación, esta sexagésima cuarta legislatura recupera el prestigio del Congreso de la unión y el de los diputados y senadores, al hacer vigente un procedimiento que por la vía democrática y jurídica busca con afán la justicia”, sentenció.