· Se aprobaron modificaciones a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que no haya lugar a amparos.

· El proyecto es correcto, históricamente necesario: diputado Pablo Gómez Álvarez.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con 300 votos a favor, 64 en contra y 41 abstenciones, el dictamen por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018 y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

También se avaló en lo general y en lo particular de los artículos reservados, con 287 votos a favor, 57 en contra y 40 abstenciones, con la modificación aceptada por la Asamblea a los artículos 1-34 y adición un Artículo Transitorio del dictamen, propuestas por el diputado Rubén Terán Águila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

Con las modificaciones aprobadas se subsanan las observaciones que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con ello se blindan las puertas por donde se amparaban los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), los del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y otros organismos autónomos para ganar igual o más que el Presidente de la República.

Al respecto, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena externaron que al acatar el máximo principio de la Cuarta Transformación, en materia de austeridad republicana, la Ley generará parámetros y criterios para desarrollar los principios constitucionales de adecuación, irrenunciabilidad y proporcionalidad para asegurar la certeza jurídica de los servidores públicos.

“El proyecto es correcto, históricamente necesario”, aseguró el diputado Pablo Gómez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien además recordó que esta propuesta para que los funcionarios públicos no ganen más que el Ejecutivo Federal se presentó en el año de 2006.

“El primer proyecto de reforma de la Constitución en su artículo 127 se presentó en el mes de septiembre de 2006, esto es lo que algunos, improvisadamente claro, dicen que es un capricho del actual presidente”, indicó.

No es el capricho de nadie, afirmó, fue un clamor popular que ya entonces existía porque los servidores públicos se ponían el sueldo que querían ponerse y agregaban una serie de prestaciones y en cada dependencia, como dicen popularmente, se servían con la cuchara grande.

Gómez Álvarez manifestó que en la LXIV Legislatura, las y los legisladores de la Cuarta Transformación siempre han luchado en contra de la formación de una élite burocrática muy bien pagada que decida cuáles son sus remuneraciones.

Y siempre, agregó, hemos luchado para que no sea una tecnoburocracia la que imponga los sueldos sino que el asunto de los sueldos se resuelva como parte de la lucha política, porque eso es lo que es.

En tanto el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca sostuvo que la importancia del dictamen aprobado radica al dotar de legitimidad a las remuneraciones de los servidores públicos, apegado al cumplimiento a la sentencia de la Corte, al incorporar una fórmula novedosa y única para lograr calcular la retribución de un primer mandatario.

“Ésta comprende la interacción del Producto Interno Bruto per cápita nacional y el número de los niveles jerárquicos de la Administración Pública Federal, indicadores con los cuales se pretende que la retribución económica del presidente vaya de acuerdo con la realidad económica nacional”, explicó.

Por su parte el diputado Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos apuntó que se genera un mecanismo de proporcionalidad entre la remuneración de cada cargo en la Administración Pública Federal y la responsabilidad de quien lo ejerce, equilibrando la vida digna para los servidores públicos y reconociendo el grado de preparación o esfuerzo que existe en los diferentes mandos jerárquicos.

“Siguiendo los principios de la justa medianía que rigen a la Cuarta Transformación, la propuesta dispone un esquema de remuneraciones en el servicio público acorde con la situación de la economía nacional”, comentó el diputado de Morena.

A la par, la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez y el diputado Víctor Blas López coincidieron en que las remuneraciones de los altos servidores públicos funcionarios debe ser remunerado de manera que el Estado cuente con ciudadanos preparados, honestos y comprometidos con su encomienda, con la capacidad de ejercer con eficacia, profesionalismo y vocación las responsabilidades conferidas propias a su cargo.

Asimismo, sostuvieron que con las modificaciones aprobadas se determina la remuneración explícita bajo metodologías que acotan la discrecionalidad, así como establecer los límites mínimos y máximos a las remuneraciones de todos los servidores públicos que forman parte de la Federación, incluyendo los órganos autónomos y empresas productivas del Estado.

La presidencia de la Mesa Directiva remitió el proyecto legislativo al Senado de la República para sus efectos constitucionales.