·      El Seguro Popular fue un intento de sistema de salud fallido. Después de 15 años de operación no alcanzó el objetivo de garantizar el derecho de acceso a los servicios de salud en todos sus niveles para todos los mexicanos, como lo consagra el artículo Cuatro de la Constitución, y cuyo cumplimiento es de alta prioridad para el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

·      El fracaso se debió principalmente a la corrupción y opacidad en el manejo del presupuesto asignado año con año, así como a la ineficiencia de los gobiernos estatales.

·      En respuesta a la necesidad de garantizar el acceso a la salud de manera universal, en la Cámara de Diputados aprobamos la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), cuyo decreto se publicó el reciente 29 de Noviembre en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma a la Ley General de Salud y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, extingue al anterior Seguro Popular.

·      En el artículo 77 bis 35 de la Ley General de Salud (LGS) se atribuye como función principal al INSABI el “Prestar de manera gratuita servicios de salud y asegurar el suministro de medicamentos e insumos asociados y demás elementos necesarios para la atención a las personas sin seguridad social”.

·      Resulta importante destacar otros beneficios:

·      Además, el nuevo programa de salud impulsado por el Gobierno Federal, cuenta con un Plan de Infraestructura para garantizar las instalaciones físicas necesarias para cumplir con los objetivos del INSABI, así como la modernización, ampliación, remodelación y mantenimiento de los centros de salud y hospitales a lo largo del territorio nacional.

·      Por otro lado, con el fin de garantizar las condiciones laborales óptimas para los trabajadores del sector, el INSABI contará con un Programa de Basificación del Personal Eventual del Sector Salud 2020-2024, cuyo objetivo es otorgar certidumbre al personal, lo que se verá traducido en un mayor compromiso con la institución y en un mejor servicio para los beneficiarios.

·      Se prevé como fecha límite el 1 de diciembre del presente año para el funcionamiento pleno del INSABI brindando así servicios y medicamentos gratuitos y de calidad para atender padecimientos de los 3 niveles existentes para toda la población sin seguridad social.

·      De acuerdo con el CONEVAL, los estados que aún no forman parte del Instituto de Salud para el Bienestar gobernados por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, durante 2018 tenían más de 3 millones y medio de personas sin acceso a servicios de salud, entre ellos resalta Jalisco con más de 1 millón y medio de personas desprotegidas.

·      Los 14 estados de la República en proceso de adhesión al INSABI tendrán como fecha límite para tomar una decisión el próximo 31 de enero.

·      En caso de no adherirse, recibirán el presupuesto para la salud respectivo de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Salud; es decir, el FASSA del ramo 33 y la parte correspondiente al recurso aprobado en el PEF 2020 para el programa U005, que comprende un recurso federal del Ramo 12 vía la Secretaría de Salud.

·      No obstante, creemos que para alcanzar su desempeño óptimo, esta estrategia que prioriza el acceso a la salud para todos los mexicanos sin seguridad social, requiere de la cooperación y voluntad política de todos los estados del país, sin importar la orientación político partidista de sus administraciones locales.

·      Por ello, hacemos un llamado al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y a los demás gobernantes de los estados que se encuentran aún en el proceso de decisión, a la unidad, a dejar a un lado las inclinaciones políticas y trabajar en conjunto para garantizar el bienestar de las familias mexicanas.

·      La presunta ausencia de reglas de operación es una falacia, ya que el decreto aprobado por el Honorable Congreso de la Unión para la creación del INSABI, prevé claramente en su Artículo Segundo Transitorio que las disposiciones reglamentarias deberán ser emitidas por el Ejecutivo Federal en un plazo máximo de 180 días posterior a la entrada en vigor del mismo.