· Llama a que el Poder Legislativo se pronuncie de una manera contundente por liberar a todas las mujeres y personas que tienen capacidad de gestación, que hayan sido imputadas por delitos que se relacionan con esto.

El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los congresos locales con ordenamientos legales que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo, así como a las autoridades encargadas de la persecución de los delitos y de salud pública, a adecuar y tomar como referente en sus actuaciones y determinaciones la decisión de la SCJN en esta materia que va hacia la despenalización.

El legislador puntualizó que el llamado a las legislaturas de las entidades federativas es a derogar las normas que tipifican el aborto o que únicamente contemplan causas de exclusión de la responsabilidad en casos de interrupción del embarazo.

Agregó que se insta a las fiscalías, ministerios públicos y demás autoridades encargadas de la persecución de los delitos, a tomar como referente los motivos y razonamientos que justifican la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 148/2017.

Además, se llama a las autoridades administrativas de salud pública de las entidades federativas, a garantizar el derecho a la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar, mediante el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo seguros, gratuitos y accesibles.

El diputado expresó que se trata de una oportunidad para cambiar el régimen de oprobio, corrupción y opresión que se tejió durante décadas, el cual criminalizó a las mujeres y a las personas gestantes quienes decidían interrumpir el embarazo.

Afirmó que cada año hay 160 mil personas en esta situación, a quienes se les sigue viendo como delincuentes y se les castiga con prisión y terapias psicológicas, además de ser estigmatizadas y señaladas.

Señaló que el pronunciamiento explícito de la Suprema Corte de Justicia para dejar de criminalizar a aquellas personas que decidan interrumpir su embarazo ha sido también una expresión del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la Ley de Amnistía, para poder liberar a las mujeres que han sido encarceladas por esta cuestión “y creo que no puede ser el Poder Legislativo de la Unión el que guarde silencio ante esto”.

“Ahora proponemos que se pueda pronunciar este Poder Legislativo de una manera contundente por liberar a todas las mujeres y personas que tienen capacidad de gestación, que hayan sido imputadas por los delitos que se relacionan con esto, que son diversos delitos”, sostuvo.