• El diputado Juan Ramiro Robledo expresó que se trata de dar seguridad nacional en el servicio de electricidad, principalmente a las y los mexicanos.
• El legislador Manuel Rodríguez afirmó que la reforma permitirá preservar y recuperar los elementos mínimos para defender la soberanía y decidir el destino de la patria.

Los diputados Juan Ramiro Robledo Ruiz y Manuel Rodríguez González, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, respectivamente, coincidieron en que establecer en la Constitución el derecho al acceso a la electricidad asequible es fundamental para acceder a las demás garantías sustentadas en la Carta Magna.

En el marco de la discusión del dictamen que reforma los artículos 4o., 25, 27 y 28 de la Constitución, Robledo Ruiz expresó que se trata de una iniciativa que establece una condición previa de acceso a la electricidad para el pleno goce de los derechos humanos.

Comentó que la propuesta parte de una visión que entiende a la economía y a la intervención del Estado como la ruta para conseguir el bienestar general, pues “el mercado libre, en un país como México, no puede ser la única vía para distribuir el ingreso y la riqueza como se planteó en 2013”.

“Esa forma de entender al país es un proyecto que afirma que, si el Estado tiene alguna razón de ser, es para atemperar las desigualdades y aproximarse a los valores de la justicia social”, declaró.

Acotó que “no es, como afirma la oposición, que debe haber libertad para comprarle a quien sea la energía, sino que debe haber seguridad nacional y que si alguna razón tienen las libertades económicas es para que se distribuya el ingreso más entre mexicanos y menos entre extranjeros”.

Recordó que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no puede haber derechos económicos
individuales adquiridos cuando en medio está el orden y el interés público.

Comentó que los votos en contra defienden que el interés económico individual debe estar por encima del interés social, con una apuesta política y electoral y “eso será lo más deleznable que podamos apreciar”.

En su intervención, Manuel Rodríguez señaló que el tiempo les ha dado la razón pues la SCJN determinó que la energía eléctrica es un requisito previo e indispensable para el goce de varios derechos fundamentales.

El legislador informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca devolverle la independencia y la soberanía energética al pueblo de México, pues el dictamen “es el más puro, fruto de la voluntad y clamor popular que, además, contiene las propuestas de la oposición”.

Recordó que en el siglo anterior los grandes capitales esgrimieron que primero se debían proteger las inversiones que habían hecho, considerando, que era el derecho a la propiedad frente al derecho de millones de personas.

Afirmó que la reforma permitirá preservar y recuperar los elementos mínimos para defender la soberanía y decidir el destino de la patria.

Comentó que el Pacto por México consumó el modelo neoliberal eléctrico al modificar la Constitución y establecer que la energía eléctrica se guiaría por un criterio 100 por ciento económico, y “lo más grave es que se desarrolló una legislación que ni siquiera respetó el espíritu de la libre competencia, entre todos los generadores de energía”.

El legislador refirió que se usó de pretexto la genuina preocupación de millones de mexicanos por el medio ambiente para crear los certificados de energía limpia, mismos que solo reconocen el esfuerzo de los privados más no el de la Comisión, a pesar de que la CFE genera el 54 por ciento de la electricidad con fuentes de energía limpia que se producen en México.

Señaló que la figura de autoabasto se distorsionó tanto, que en la actualidad se usa para que algunas empresas particulares hagan su propio negocio de la venta de electricidad.