• Los obstáculos no están en el Poder Ejecutivo, la voluntad política existe en la actual administración federal, expresó el diputado.

El diputado Manuel Vázquez Arellano (Omar García), integrante del Grupo Parlamentario de Morena, expresó que fue hasta la entrada en vigor del actual gobierno federal que se registraron los primeros avances reales en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Desde tribuna, para referirse al Séptimo Aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el legislador recordó que una vez que inició el nuevo gobierno, en diciembre de 2018, se emitió el primer decretó en torno al caso, mediante el cual todas las autoridades del Estado mexicano debían coadyuvar en las indagatorias.

Agregó que en enero de 2019 se creó la Comisión Presidencial para el Caso Ayotzinapa, mientras que en junio de ese mismo año se creó la Fiscalía Especial y los expertos extranjeros que abandonaron el país, pudieron regresar.

Acotó que el Presidente de la República se reúne una vez al mes con las familias para discutir planteamientos y planes de búsqueda, en las que tienen voz y voto, y “esto no se había visto en el gobierno anterior”.

Explicó que el tema de la desaparición forzada tiene dos partes importantes: en primer lugar, el hecho en sí mismo de la desaparición, y en segundo, el trato que le dieron las autoridades al caso.

Recordó que no habían pasado ni siquiera 10 días del incidente, cuando en Iguala se habían encontrado cinco fosas clandestinas en las que encontraron 28 cuerpos semicalcinados, a los que la prensa y las autoridades de Guerrero definieron como los estudiantes.

Comentó que Peña Nieto se comprometió a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entraría el país a coadyuvar en la investigación, pero su gobierno, en complicidad y en silencio con partidos de la oposición, “conformaron lo que se conoce como la verdad histórica, que establece que mis compañeros fueron tomados por la policía, entregados al crimen organizado y calcinados en un basurero”.

Afirmó que este panorama se gestó en la guerra contra el narco, donde miles de jóvenes, provenientes del campo y de todos los estratos sociales, menos de la clase política alta, fueron criminalizados, “en lugar de atacar las causas como ahora lo está haciendo el Presidente de la República”.

En ese sentido puntualizó que los obstáculos no están en el Poder Ejecutivo y que la voluntad política está ahí, pero se debe exhortar al Poder Judicial a que no ponga trabas y a que los jueces no reciban con los brazos abiertos a quienes fueron expulsados por las fiscalías

Señaló que los responsables de encubrir los hechos han huido al extranjero, para refugiarse en países con los que México no ha celebrado tratados de extradición, “dificultado que estos criminales rindan cuentas ante la justicia mexicana”.