DIPUTADO JAVIER ARIEL HIDALGO PONCE (JAHP). […] acogida a este proyecto con tanto entusiasmo.

Buenos días tengan todas y todos ustedes, diputados, diputadas, expertos, expertas, y la ciudadanía en general que nos sigue en esta transmisión desde las redes sociales, y de las redes sociales del Canal del Congreso. Muchas gracias por acompañarnos.

A presar de la epidemia que estamos padeciendo en México los trabajos legislativos deben continuar, este foro parlamentario virtual es un claro ejemplo de como el coronavirus nos ha empujado a la humanidad completa a migrar de manera abrupta y precipitada a la comunicación digital.

Una situación que ya veíamos venir, pues cada día se hace más imprescindible el uso de las nuevas tecnologías, porque resultan más eficientes y muchos más baratas que los medios tradicionales de hacer las cosas.

Fue en este contexto, y presumiendo no ser experto en el ramo de las tecnologías, que propusimos al inicio de esta legislatura, esta iniciativa de Ley General de la Identidad y Ciudadanía Digital, por los evidentes beneficios que el mundo digital conlleva.

Originalmente pensaba en el ámbito político, como todos ustedes saben, recordarán el planteamiento del entonces candidato y hoy presidente López Obrador, y así como de todos los candidatos de la coalición de Juntos Haremos Historia, de instaurar una democracia participativa en México a base de consultas populares, revocación de mandato y referéndum. De ahí nació esta propuesta de instaurar la ciudadanía digital en México, asegurando el derecho a la identidad.

Me explico, la democracia participativa es un planteamiento que creemos necesario para involucrar a toda la sociedad en la toma de decisiones que afectan directamente sus vidas.

La intención será la de consultar en todos los niveles, el federal, estatal, municipal y hasta barrial sobre asuntos públicos sin número limitado de consultas a lo largo del tiempo.

Sólo imaginen esta propuesta con la manera tradicional de llevar a cabo los procesos electorales, el costo logístico y de recursos que supone realizar las consultas populares que fueran necesarias para atender la demanda ciudadana.

Tan sólo en el 2018 el costo de imprimir boletas, materiales electorales e instalar casillas ascendió a 20 millones de pesos, sería la gran limitante para instalar la democracia participativa plena en México.

Planteamos que con la democracia podríamos hacer lo mismo que los bancos están haciendo en la actualidad con la banca móvil, trasladar operaciones que involucran dinero real al plano digital.

Cada vez es mayor el número de personas en México que confían el manejo de su dinero desde su celular, ¿por qué no trasladar esa confianza en otros aspectos como el voto, o como solicitar servicios o como emprender negocios?

Esta iniciativa se ha ido enriqueciendo para considerar otros aspectos de la vida del país, como la economía, la administración pública y la transparencia, además de lo político.

Hoy analizamos esta última versión, fruto de muchas horas de trabajo con legisladores, con la sociedad y especialistas, a los cuales estamos muy agradecidos por sus aportes.

Lo fundamental de esta ley será la de acreditar la identidad digital de los mexicanos, acción que al día de hoy sólo se puede realizar con la credencial para votar, vulnerando los datos personales de los individuos cada vez que se realiza un mínimo tramite, el más sencillo, como es ingresar a un edificio de oficinas y más a una gestión social. Por eso consideramos imprescindible ya, reforzar la Cédula de Identidad que mandata la Constitución desde 1990, en una versión digital que sirva como cartera de datos de otras identificaciones que las personas vayan adquiriendo en lo largo de su vida. Ahora sí que desde el nacimiento hasta la muerte.

Todo bajo el principio fundamental de que las personas, cuya información sea contenida en esta herramienta digital, sea la dueña única e interesada de esos datos, los cuales mínimamente podrá ser constituida por los contenidos en el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población y los datos biométricos, y demás datos de la credencial de elector requeridos siempre por el propio ciudadano.

Además de que si la persona interesada así lo decide, se hará valer su derecho al olvido de esta información.

La intención de esta propuesta es la de proveer servicios que satisfagan las necesidades de la ciudadanía a través de la interoperatividad de todas las dependencias para facilitar tecnológicamente la transmisión de la información, así como su trazabilidad para la generación de un historial.

Lo anterior, otorgando validez legal a todas las solicitudes realizadas en el plano digital, permitiendo y asegurando el ejercicio del derecho y obligaciones de manera fácil, asequible, cómoda y expedita a través del uso de herramientas digitales.

Por su puesto que el reto consistirá en incluir a todas las personas que han estado históricamente fuera de la evolución tecnológica, garantizando siempre los derechos plenos sobre la identidad y ciudadanía digital de todos los mexicanos.

Me queda claro que esta Cuarta Transformación que estamos viviendo en México en pleno siglo XXI, será acompañada de la democratización de las nuevas tecnologías o no será.

Muchas gracias.