·         La diputada federal por el estado de Puebla resalta la representación de las personas indígenas, afromexicanas, migrantes, con discapacidades específicas y de la comunidad LGBTTTI+, en la Cámara de Diputados.

La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que la H. Cámara de Diputados declara a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión como la Legislatura de la Inclusión y la Diversidad.

Mencionó que la presencia de mujeres en el 48.2% de las curules en la LXIV Legislatura, llevó a la Cámara de Diputados a declararla como la “Legislatura de la Paridad de Género”, la cual se convirtió en una conquista para la inclusión de otros grupos sociales en la vida pública de México.

En el mismo sentido, destacó que los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral y los cambios legislativos en materia electoral, permitieron generar medidas compensatorias en beneficio de aquellas comunidades que históricamente habían sido marginados de la representación en el Poder Legislativo Federal.

Expresó que, gracias a dichas acciones, la actual LXV Legislatura cuenta con la participación histórica, no solamente de 250 diputadas y 250 diputados, sino también de 37 personas indígenas, 10 personas migrantes, 8 personas con alguna discapacidad, 6 personas afromexicanas y 4 personas de la diversidad sexual.

La legisladora aseguró que “las acciones afirmativas son el producto de luchas sociales y el reconocimiento de derechos por parte del Estado, mismas que se consolidaron como medidas compensatorias para revertir los escenarios de desigualdad política que existían en nuestro país”.

La propuesta plantea que la Cámara de Diputados pudiera utilizar la leyenda conmemorativa de “LXV Legislatura de la Inclusión y la Diversidad” en toda su plataforma de comunicación social, así como en la documentación y papelería oficial.

Finalmente, enfatizó que el decreto no solamente debe representar un posicionamiento institucional de la Cámara de Diputados, sino que también debe asumirse como un compromiso por legislar desde los principios de inclusión y diversidad para fortalecer al Estado de Derecho y la democracia.