· La diputada de Morena propuso que comunidades indígenas tengan la autonomía en adoptar los procesos de consulta para buscar sinergias en beneficio del desarrollo de los pueblos de México.

Con el objetivo de reconocer el derecho de los pueblos indígenas para participar en el diseño de políticas públicas, a través de la Consulta y facultar al Congreso de la Unión para legislar en la materia, la diputada Irma Juan Carlos presentó una iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución.

La legisladora por el estado de Oaxaca argumentó que se necesita establecer que los pueblos y las comunidades indígenas tengan autonomía para participar en la adopción de decisiones en las cuestiones relativas a dichos pueblos.

Lo anterior, por medio de la consulta a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

Asimismo, se debe facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca las bases y principios sobre los cuales la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de sus competencias, realizarán los procesos de consulta a los pueblos y comunidades indígenas.

Y con ello, aseguró, “no habrá más violaciones a nuestros derechos, no más despojos de nuestros territorios y recursos naturales”.

La diputada federal explicó que la iniciativa propuesta “es un mecanismo para cumplir con el sistema procesal constitucional mexicano a efecto de que, con posterioridad, el Congreso de la Unión esté en actitud de emitir la ley reglamentaria respecto al derecho a la consulta como lo establecen los estándares internacionales en la materia”.

Resaltó que es labor de los legisladores de la Cuarta Transformación contribuir en establecer uno de los pilares de los derechos de los pueblos indígenas, y ese es el derecho a la consulta previa, libre e informada.

“En la Comisión de Pueblos Indígenas contamos con varias iniciativas de ley para el reconocimiento de dicho derecho. Sin embargo, considero que antes de expedir la ley es necesario reconocer su naturaleza constitucional”, indicó.

Irma Juan Carlos argumentó que en el 2001 el Constituyente Permanente reformó diversos artículos de la Constitución, en los cuales se establecieron las bases jurídicas para el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y uno de ellos fue el artículo 2, en el cual se establecieron dos apartados.

En el A se reconoció y garantizó el derecho a dichos pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía, precisando su alcance en ocho fracciones. En el B se impusieron nueve obligaciones.

Asimismo, en la fracción IX, apartado b), del mencionado artículo, se estableció un derecho a la consulta, pero quedó limitada para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las diversas instancias administrativas, y acotando que, en su caso, se incorporarán las recomendaciones y propuestas que estos realicen.

De lo anterior, la legisladora explicó que el derecho a la consulta no se plasmó en el referido artículo de la Constitución, en términos del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo. De ahí la necesidad de hacer las modificaciones constitucionales.

La iniciativa de a diputada Irma Juan Carlos, que adiciona la fracción IV al apartado A del artículo 2, recorriéndose en su orden las siguientes, y la fracción XXXI al artículo 73, recorriéndose en su orden las siguientes, de la Constitución fue turnado para dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados.