• Se trata de contribuir a que el país siga abonando y promoviendo el tema de inclusión y equidad en un marco de derechos, abundó

La diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, señaló la necesidad de reforzar el sistema de responsabilidades de las personas servidoras públicas, a fin de que dejen de actuar en forma discriminatoria al momento de atender a mujeres víctimas de algún tipo de violencia.

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora expresó la violencia contra las mujeres es un problema estructural que no debe entenderse solo como un acto individual y personal, sino como parte del funcionamiento de la sociedad en general, pues se encuentra presente en todos los grupos sociales, las instituciones y en las familias.

Sostuvo que es amplio el discurso sobre las estrategias de seguridad pública implementadas en administraciones anteriores, sin embargo, “hoy por hoy estamos corroborando que fueron catastróficas por los porcentajes de alta generación de violencia que heredaron a este gobierno y que ahora se están tratando de abatir”.

“Como legisladoras tenemos el fiel compromiso de contribuir al fortalecimiento de esquemas de rendición de cuentas y de los sistemas vigentes de sanción administrativa a las personas servidoras públicas que, por acción u omisión sean omisos en garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos de las, en particular los derechos de acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño”, expresó.

Para tales efectos, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de supervisión, denuncia y sanción para servidores públicos que vulneren derechos humanos de mujeres víctimas de violencia.

Al presentar la propuesta a nombre de las diputadas de Morena, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, María Eugenia Hernández Pérez, Dorheny García Cayetano, Mildred Concepción Ávila Vera, Lilian Margarita Navarro Lucero, María Elizabeth Díaz García, Katia Alejandra Castillo Lozano y Sandra Paola González Castañeda, explicó que se trata de contribuir a que el país siga abonando y promoviendo el tema de inclusión y equidad en un marco de derechos, para brindar así un estado de bienestar.

“Buscamos la implantación de medidas adecuadas para mejorar el conocimiento de derechos humanos de las mujeres, atender el tema de la discriminación derogando las disposiciones legislativas discriminatorias con las mujeres y niñas, y atender la problemática en el acceso a la justicia, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos, la incorporación de la perspectiva de género y un enfoque especial en temas de violencia de género”, expresó.

Abundó que la presente iniciativa atiende las recomendaciones realizadas por la ONU Mujeres, de la iniciativa Spotligth, e impulsa acciones estratégicas para erradicar la violencia y generar marcos normativos más protectores, progresivos e inclusivos de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

“Nuestro país debe de mantenerse activo en la implementación de la Agenda 20-30 garantizando los derechos humanos y la seguridad de las y los mexicanos en todos los ámbitos”, acotó.