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Pide Araceli Ocampo a la ASF auditar a la Secretaría de Salud de Guerrero y a la Sección 36 del Sindicato de Trabajadores de la Salud

20 octubre, 2021 - Prensa

  • No se trata de denostar o descalificar al Sindicato, sino de responsabilizar a quienes han estado al frente del gremio por la violación a la administración pública federal por arbitrarias injerencias ante la Secretaría de Salud, explicó la diputada.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación para que se audite a la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y a la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, para examinar la legalidad de su gestión y el ejercicio de los activos y recursos materiales provenientes del presupuesto público federal.

Ocampo Manzanares expresó ante medios de comunicación que, en su calidad de representante popular del Distrito 02 de Guerrero, presentó la denuncia que también suscribe la diputada local, Yoloczin Domínguez Serna.

Puntualizó que el objetivo es responsabilizar a quienes han estado al frente del gremio, por el manejo de recursos públicos provenientes de la realización de convenios con el Sindicato, y por la violación a la administración pública federal por supuestas injerencias, que no le competen, ante la Secretaría de Salud.

Acotó que se busca transparentar la asignación de códigos con salarios altos como el que percibe la lideresa de la Sección 36, el cual asciende, según la Plataforma Nacional de Transparencia, a 99 mil 428 pesos mensuales por ser enfermera en la Jurisdicción Sanitaria 03, “casi lo mismo que gana el Presidente de la República”.

Recordó que la titular de la Sección 36 ha sido señalada por malversación recursos pertenecientes a los fondos de ahorros de los trabajadores; por el desvío del retroactivo del aumento salarial; por violar los procesos y normas de escalafón para la asignación de plazas, con las que favorece a familiares y operadores políticos de su gremio.

Así como por la represión laboral a través de despidos injustificados, cambios de adscripción de lugar de trabajo, falta de pagos, descuentos en nóminas, negación del trámite de periodo vacacional; y por la falta de “informes sobre el manejo de las cuotas sindicales como lo establecen sus propios estatutos, por lo que se sospecha de malos manejos financieros en las cuentas de los trabajadores”.

Subrayó que la denuncia de ninguna manera pretende denostar o descalificar al Sindicato como instituto formalmente constituido para la defensa de los trabajadores, “ni mucho menos, a la base trabajadora agremiada”.

En ese sentido hizo un respetuoso llamado a la nueva gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pinedo, para que detenga esta clase de cacicazgos en la entidad federativa, que abusan del poder y se amparan en la sombra de la impunidad cuando cometen violaciones a los derechos de las y los trabajadores.

“En Guerrero, es tiempo de una transformación profunda, histórica, pero sobre todo justa”, expresó.

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