· El proyecto minero de “La Gloria” en Samalayuca debe detenerse y se deben revisar todas las irregularidades que presenta

Toda vez que el pasado 5 de diciembre fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, el punto de acuerdo que exige la revisión exhaustiva de las irregularidades que presenta el proyecto minero La Gloria en Samalayuca, Chihuahua, el diputado Ulises García Soto confió en que en breve se detenga dicho proyecto.

El punto de acuerdo propuesto por el diputado federal de Morena, pretende que diversas dependencias e instituciones del Ejecutivo Federal revisen las concesiones y autorizaciones del proyecto minero situado en Samalayuca, mismas que fueron otorgadas por autoridades federales en distintos momentos y por distintas administraciones.

El primer exhorto, explicó García Soto, está dirigido a la Secretaría de Economía, al ser la autoridad encargada de expedir concesiones mineras, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Minera; por lo que propone sea ésta quien revise la concesión otorgada las empresas Samalayuca Cobre S.A. de C.V. y a VVC Exploration Corporation.

También realiza un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de reponer el proceso de evaluación de impacto ambiental y a que realicen consultas públicas con la población residente de Samalayuca, fundando dicho exhorto en el cuarto párrafo del artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De igual manera, García Soto subrayó que en Samalayuca se encuentra una zona arqueológica reconocida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la cual incluye evidencias históricas de pueblos ancestrales que convergieron en el área.

Debido a lo anterior, el diputado por Chihuahua advierte que dicha zona de valor histórico puede verse afectada con el proyecto minero en cuestión, razón por la cual, también solicita la intervención del INAH, a efecto de salvaguardar el interés del sitio como patrimonio cultural de la nación.

Finalmente, García Soto señaló que otro aspecto importante es la constante inconformidad que han manifestado los pobladores de Samalayuca y ciudadanos de Ciudad Juárez, al considerar que, de permitirse la realización de las obras y la operación de la mina, su derecho humano y constitucional a un medio ambiente sano está siendo vulnerado.