· Se trata de una reforma a los artículos 4o y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma para establecer un Ingreso Básico Universal como un nuevo derecho social y ciudadano contra la desigualdad y la pobreza en el país.

La legisladora explicó que se trata de “una transferencia universal no condicionada, suficiente para cubrir las necesidades básicas de subsistencia”, es decir, que el Estado otorgue, sin establecer requisitos especiales, un ingreso suficiente a las y los ciudadanos para cubrir el costo mínimo de vida, como por ejemplo el equivalente al ingreso sobre la línea de pobreza”.

La diputada por la Ciudad de México argumentó que, de acuerdo a la Evaluación Estratégica de Protección Social 2018 que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el país las políticas de desarrollo social no están asociadas a derechos; no se beneficia a toda la población; el acceso y calidad de los programas es desigual; hay debilidades en la coordinación entre entidades y dependencias para entregar beneficios a la población vulnerable y hacen falta instrumentos eficaces a sectores de la población que más lo necesita en áreas urbanas.

En este orden de ideas, Del Castillo Ibarra destacó la necesidad de implementar un esquema de protección social universal que ayude a reducir las brechas más urgentes y promueva una mayor igualdad a los accesos básicos para la población.

“La protección social debe proteger la seguridad económica de las personas y de sus hogares ante el desempleo, la enfermedad, la invalidez, la muerte y la vejez, dado que la presencia de eventos coyunturales puede aumentar la pobreza, así como profundizar los niveles de pobreza de quienes ya están en esa situación, e imponer mayores obstáculos a los hogares pobres para salir de la pobreza”, expresó.

De esta manera, agregó, la instrumentación de este Ingreso Básico Universal permitiría a México avanzar hacia la construcción de un Estado Social de Derechos y, además, a contribuir con el objetivo establecido en la Agenda 2030 de la ONU, de poner fin a la pobreza extrema en el mundo.

Para estos efectos, se propone adicionar al artículo 4º de la Constitución que “toda persona, desde su nacimiento, tiene derecho a un ingreso ciudadano universal. El Estado garantizará su cumplimiento a través de transferencias monetarias, suficiente para tener una alimentación digna. La Ley establecerá los montos, periodicidad y mecanismos de entrega”.

Así como adicionar el concepto de ingreso básico universal en la fracción XXIX-D del artículo 73 de nuestra Carta Magna.