·      La diputada Laura Imelda Pérez Segura consideró que el actual marco jurídico presenta un resquicio interpretativo, y por tanto un obstáculo para hacer efectivo el respeto a los derechos humanos.

·      La sociedad mexicana requiere dignificar sus movimientos opositores, dimensionar la acción represiva del Estado y plantearse como viabilidad histórica el “nunca más”, destacó Pablo Gómez.

Durante el Foro por la Paz: “Nunca más Tlatelolco, nunca más Iguala”, la diputada de Morena, Laura Imelda Pérez Segura expresó que se prepara una iniciativa que busca modificar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para plantear la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional en México, con el objetivo de que sean sancionados actos de represión y violaciones a derechos humanos.

La propuesta que está a revisión, dijo, es la modificación al octavo párrafo del artículo 21, en donde se cambia el texto a una afirmación del reconocimiento de la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional: El Ejecutivo Federal reconocerá la Jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La legisladora federal consideró que como está ahora, presenta un resquicio interpretativo, y por tanto, un obstáculo para hacer efectivo el respeto a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales asumidos por nuestro país en esta materia.

“Apelando a la sensibilidad política y social propia de los nuevos tiempos de cambio verdadero y democracia real que vive México, y a su vez haciendo eco de los reclamos por demás legítimos, se nos revela como una necesidad imperiosa delinear de manera perspicua, las responsabilidades ineludibles que en la materia corresponden al Estado”.

En tal coyuntura, precisó que es oportuno dirigir esfuerzos hacia un proyecto de nación en el que la defensa de los derechos humanos sea considerada desde el primer momento y de forma permanente y definitiva.

Argumentó sobre la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que el Estado mexicano ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma, y en virtud de ello, está obligado desde entonces a respetar y hacer respetar los artículos expuestos en el tratado mencionado.

Añadió que con esta iniciativa se da voz a una demanda de mucho tiempo, y en este contexto, Pérez Segura apuntó que existen una serie de tratados internacionales a los que México ha declarado expresamente su adhesión. Sin embargo, “nos hemos quedado cortos cuando es necesario identificar, juzgar y hacer que respondan por sus delitos, personas individuales”.

“Ha sido claro la persistente omisión del Estado al respecto de los casos trágicos que han dejado de ser de a poco paradigmáticos, precisamente por continuos y repetidos”, por lo que buscan que exista certeza de que en el futuro no se repitan.

Además, la legisladora por Jalisco comentó que el gobierno actual ha presentado un plan de paz y que la propuesta es consistente con ello, “el gobierno actual, la legislatura actual, se ha comprometido a dar voz a los ciudadanos”.

En este mismo sentido se pronunció el diputado Pablo Gómez Álvarez, quien sostuvo que la transformación política que está viviendo el país a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador abarca también el aspecto de que tiene que salir plenamente a la luz, la historia de las represiones y que los poderes públicos ejerzan las funciones constitucionales que tienen frente a hechos represivos.

El legislador de Morena explicó que se trata de muchísimas represiones que arrojaron miles de muertos, heridos y de encarcelados, durante la historia del Siglo XX.

“Podría decirse que sabemos quiénes eran los principales responsables, pero no se trata de que lo sepamos, como dicen los abogados, se trata de que conste en actas; se trata de que esos hechos entren a la historia por el lado de la crítica de la represión del Estado y de la complicidad de todos los órganos del Estado”.

Además, consideró que el Poder Judicial tiene un asunto pendiente con relación al movimiento del 68, y con otros hechos, porque éste formó parte del aparato represivo.

Gómez Álvarez afirmó que este asunto no es de venganzas personales, sino que se trata de una necesidad, “es algo que requiere la sociedad mexicana para dignificar sus movimientos opositores, dimensionar la acción represiva del Estado y plantearse como viabilidad histórica el nunca más”.

Al expresar esos antecedentes, el diputado Pablo Gómez se refirió al precepto constitucional del artículo 21 que dice que el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Al respecto, Gómez Álvarez consideró que ese texto se hizo en el momento en que el Estado mexicano estaba en el predicamento de reconocer un hecho histórico que era el Estatuto de Roma -con el cual se conformó la Corte Penal Internacional- y que permite enjuiciar a cualquier represor, a cualquier persona que cometa actos de lesa humanidad, independientemente de la nacionalidad y del puesto que tenga o haya tenido, en nombre y representación de la humanidad.

Citó que es el Ejecutivo quien reconoce la jurisdicción de La Corte y requiere la aprobación del Senado, “lo hace todavía más difícil o se quita al Ejecutivo de la responsabilidad”. Añadió que lo más grave aún es que quien decide cómo opera el estatuto o se activa el mecanismo de la Corte, según este texto, es el país.

Señaló que este texto es inaceptable, porque entonces no hay jurisdicción internacional, y se pronunció porque México debería ser parte del Estatuto de Roma sin necesidad de que la Constitución lo señale.

Gómez Álvarez saludó el hecho de que en esta legislatura haya surgido una corriente que quiera echar abajo este texto, pues consideró, fue creado por quienes han justificado todas las represiones del siglo XX, la inmensa mayoría de las cuales las hizo el PRI. “Y después que el PRI tuvo vacaciones durante 12 años, también hubo otras que ya le correspondieron al PAN” manifestó.

La tarea, dijo, es acreditar que somos herederos de la lucha contra la represión, contra el uso de la violencia por parte de los poderes despóticos y reclamar la responsabilidad del Estado.