· Se reforzarán garantías fundamentales y el reconocimiento constitucional de las comunidades y organizaciones de este sector.

La diputada Miroslava Carrillo Martínez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, manifestó que se debe reconocer “a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación”.

Al fundamentar el dictamen por el que se adiciona un Apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, destacó que se logrará garantizar la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de dicho sector poblacional.

Asimismo, indicó que se instituye que dichos pueblos tendrán los derechos señalados en los apartados A y B del artículo 2o., en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.

“Esto es positivo porque se considera que las comunidades afromexicanas asentadas en nuestras entidades de la República Mexicana no obtienen los beneficios de lo establecido en el último párrafo del artículo 2o. constitucional, que dispone que toda comunidad es equiparable a los pueblos indígenas y gozará de los mismos derechos”, subrayó.

De igual manera, la diputada de Morena pronunció que se busca que no se haga una derivación a los pueblos afromexicanos, de los pueblos indígenas. Sino que “se plantea instaurarlos en un marco de igualdad y con personalidad jurídica propia”.

Desde tribuna, Carrillo Martínez comentó que el proyecto aborda un tema imprescindible para los derechos de las personas, para la vida democrática de las instituciones, para el Estado en su conjunto y particularmente para cientos de miles afromexicanas.

“Así, al ser México una nación pluricultural en la que convergen diversas costumbres, tradiciones, idiomas, formas de pensar, creencias, el Estado tiene la obligación de ser garante de la protección de estos grupos sociales y evitar cualquier tipo de discriminación hacia ellos”, concretó.

La diputada por el Estado de México subrayó que se atenderá el desarrollo y bienestar integral de los pueblos indígenas y afromexicanos, como sujetos de derecho público, en el marco de una nueva relación con el Estado mexicano.

Lo anterior, con el fin de brindar “el ejercicio efectivo de sus derechos, el aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como el fortalecimiento de sus autonomías, instituciones, culturas e identidades mediante la implementación de procesos permanentes de diálogo, participación, consulta y acuerdo”.

Informó que la Encuesta Intercensal del Inegi, que incorporó por primera vez una pregunta en torno a la identificación de la población afrodescendiente en México, dio como resultado que existían un millón 381 mil 853 personas que se identificaban como afromexicanas, lo que representaría el 1.2 por ciento de la población nacional actual.

Su rezago, añadió, es vasto y se tiene conocimiento de él por diversos estudios, consultas y foros realizados durante décadas en diferentes entidades de la República Mexicana.

La legisladora federal destacó que a pesar de que en México se han hecho esfuerzos importantes en reforzar los derechos fundamentales de las personas y comunidades afromexicanas, a través de acuerdo y tratados nacionales e internacionales, con la aprobación del dictamen se aportará para beneficiar las políticas públicas antidiscriminatorias.

“Actualmente en México, la propuesta del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, presentada el 21 de diciembre de 2018 por el Ejecutivo federal, retomó la necesidad de reforzar las autonomías, instituciones y culturas de los pueblos a través de una reforma constitucional”, pronunció.