- Dijo que las reformas a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y a la Ley Federal de Derechos constituyen un acto de justicia para esta empresa que tantos ingresos le ha dado a nuestra nación

- Dejó en claro que el actual Gobierno federal no endeudó a la empresa, sino que la recibió con una deuda de más de 2 billones de pesos

La Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, afirmó que entre las reformas planteadas por el Gobierno federal a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y a la Ley Federal de Derechos, la propuesta más importante es reducir la tasa del Derecho de Utilidad Compartida, lo cual consideró como un paso crucial para el rescate y fortalecimiento de Pemex y un acto de justicia para esta empresa que tantos ingresos le ha dado a nuestra nación.

Al hablar en tribuna en pro del dictamen, expuso que la Administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador está decidida a rescatar, fortalecer, a Pemex y con ese noble propósito ha implementado una serie de medidas de carácter operativo, presupuestal, financiero, y administrativo.

Citó que a diferencia del resto de las empresas, a Pemex se le ha venido aplicando un régimen fiscal específico que ha tenido como propósito contar con importantes recursos para financiar el gasto público, sin importar su sano desarrollo, mientras que al resto de las empresas se les graba con el 30% de su utilidad fiscal, a Pemex se le aplican varios gravámenes que rebasan incluso el 100% de su utilidad.

De operación, explicó, el 82.3% de los impuestos y derechos que Pemex pagó al gobierno federal en 2018 provinieron del derecho de utilidad compartida.

Señaló que en la fracción VIII del Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se estableció que en el año 2015 se aplicaría el 70% y en el 2019 llegaría al 65% como está, y hoy se establece reducir a 58% en 2020 la carga fiscal y a 54% en el 2021, lo que indudablemente va a disminuir la carga fiscal de Pemex, se trata de una desgravación muy importante, que permitirá liberar recursos para la exploración y extracción de hidrocarburos, así como el crecimiento de las reservas en la producción y los ingresos petroleros.

“Se establece la fecha límite para los pagos provisionales mensuales del Derecho de Utilidad Compartida para el pago mensual del derecho de extracción de hidrocarburos correspondiente al área de asignación que no sea productiva; también se introduce en el Artículo 56 de esta Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos la figura jurídica de compensación para que los asignatarios la consideren al realizar los pagos mensuales del impuesto por la actividad de extracción y producción”, expuso ante los legisladores.

Estas modificaciones, agregó la Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, permitirán brindar seguridad a los asignatarios al aclarar el momento en el que deberán cumplir con sus obligaciones fiscales y lo que procede cuando tengan un saldo a su favor en el pago del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.

Dijo que la sustracción de recursos de Pemex llevada al límite por los malos gobiernos, es la razón esencial por la cual la presente administración federal recibió el primero de diciembre pasado una empresa cayéndose a pedazos, semiparalizada, sobreendeudada, con la corrupción hasta el tuétano y atrapada en un círculo vicioso que correctamente el dictamen describe como caída de la producción, reducción de ingresos, insuficiente generación de flujo de efectivo, disminución de la inversión, nuevas caídas de la producción y así sucesivamente.

“Lo que está detrás, la causa de este círculo vicioso, no es la volatilidad del petróleo, no es el agotamiento de la geología, es la funesta corrupción y la asfixia fiscal a la que estaba sometida Pemex, misma que se atiende y resuelve con este dictamen”, acotó.

Sostuvo que los cambios en la Ley de Ingresos forman parte de un plan de rescate de Pemex que tiene muchos órdenes, entre ellos una reducción de la carga fiscal, una capitalización constante de la empresa, el pago de un pagaré laboral que el gobierno anterior firmó por 35 mil millones de pesos, ingresos adicionales para evitar el robo de hidrocarburos cuantificado en 32 mil millones de pesos, y una serie de medidas que suman 107 mil millones de pesos adicionales a lo que asigna el presupuesto para Pemex.

Dejó claro que el Derecho de Utilidad Compartida es presupuesto del gobierno federal, no le corresponde a los estados. Al tiempo de remarcar que apostar a la producción de Pemex le da viabilidad a la empresa y significará que en el futuro también los estados puedan tener recursos.

“Nosotros no estamos endeudando a la empresa, la recibimos con una deuda más de 2 billones de pesos y el Gobierno federal ha entrado en un proceso para desendeudarla. Los neoliberales es lo peor que le pudo haber pasado a México”, finalizó.