- Dijo que las modificaciones en materia fiscal buscan robustecer al sistema tributario mexicano, considerado uno de los más ineficientes de América Latina.

- En los últimos tres años, reveló, se han cometido más de 7 mil 600 delitos fiscales en el país, muchos de ellos cometidos por empresas que tienen nexos con la delincuencia organizada.

La Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, aseguró que la reforma para tipificar como delincuencia organizada la compra y venta de facturas falsas y la creación de empresas fantasma, cumple con los recursos de proporcionalidad aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos citó que tiene un fin constitucionalmente válido; es una medida idónea puesto que aunque se hace uso del derecho punitivo y del régimen de excepción del Derecho Penal del Enemigo, la medida es castigar a este tipo de delincuentes y mejorar la recaudación fiscal.

Durante su intervención en tribuna, mencionó que hay una necesidad de esta reforma y se justifica plenamente para remediar el daño presupuestario que le ocasiona al Estado la cantidad de delitos que se han cometido en materia fiscal por defraudación y elusión de facturas falsas, lo que pone en riesgo al Estado.

“No existe otra vía para frenar delincuentes organizados que han perjudicado tanto a la Hacienda Pública pues se trata de delincuentes peligrosos amparados anteriormente por el gobierno”, indicó.

Para quienes han considerado que las reformas son aberraciones y confusiones conceptuales, recordó el caso de Víctor Manuel López Gachuz, quien creó una red de 400 empresas fantasma utilizadas por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para desviar recursos públicos en aquella entidad y financiar las campañas de su partido político.

“Todos estos cambios son necesarios para acabar con el régimen de corrupción que cobijaron los gobiernos anteriores, estamos desmantelando el régimen de corrupción que por fortuna llegó a su fin”, señaló.

Refirió que la Ley Federal de Delincuencia Organizada es un régimen de excepción y encuentra su justificación en el peligro potencial que representan algunos delincuentes para la existencia del Estado mismo, ¿Cómo no va a poner en riesgo al Estado si de 2014 a 2018 cerca de 9 mil empresas facturaron operaciones simuladas a través de 8 millones de facturas falsas que sumaron 1.6 billones de pesos? Esto arrojó una pérdida fiscal de casi 400 mil millones de pesos. Se multiplicó seis veces el sexenio pasado lo que ya venía ocurriendo en administraciones anteriores”.

La Vicepresidenta de la Cámara de Diputados aseguró que la reforma hace una diferenciación entre los contribuyentes ordinarios que pudiesen incurrir en un error o incluso en un delito fiscal, de aquellos que son delincuentes organizados y que cometen reiteradamente delitos en perjuicio del fisco.

Estos últimos, abundó la legisladora federal, son privados de varios de sus derechos fundamentales, una vez instaurado en su contra un proceso penal, cuestión que se encuentra justificada constitucionalmente. Así, los delincuentes organizados que cometan los ilícitos de defraudación fiscal o delitos equiparables, superando el monto permitido, deberán afrontar las consecuencias de sus actos por la vía penal.

Hizo hincapié en que de esta forma se busca robustecer al sistema tributario mexicano y dotar de facultades a las autoridades que detecten operaciones delincuenciales y afecten la existencia del Estado mismo.

Se contempla, detalló, un nuevo delito por la emisión de facturas falsas, y que el mismo sea considerado como delincuencia organizada con prisión preventiva oficiosa si se cumplen los requisitos de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, así como tres veces el monto que establece el artículo 108, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

Expuso que el sistema de tributación mexicano es considerado uno de los más ineficientes de América Latina, al contar con una frágil política recaudatoria, pues desde la década de los 80s, el porcentaje de las contribuciones que integran el PIB tan solo oscila entre el 8.5 y 11% y ha ido a la baja en épocas recientes, siendo un nivel muy bajo en comparación con otros países. Cuenta además con una de las tasas más altas por corrupción entre servidores públicos y personas del ramo empresarial, en materia impositiva.

Finalmente, reveló que, de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos tres años, se han suscitado poco más de 7 mil 600 delitos fiscales en el país, muchos de ellos cometidos por empresas criminales o por empresas que tienen nexos con la delincuencia organizada, o bien, por un cúmulo importante de empresas y personas que se asocian para cometer delitos fiscales de manera reiterada.