 La iniciativa enviada por el Ejecutivo debe ser aprobada en este periodo de sesiones para que pueda entrar en vigor el primero de enero del 2021.

El diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, se refirió a la iniciativa que busca regular la subcontratación laboral y confió en que se logre un acuerdo con el sector empresarial, pues será sumamente positivo el desarrollo de trabajo conjunto en beneficio de las y los trabajadores; esto, sin que el poder legislativo renuncie al propósito de regular la prestación de los nuevos servicios especializados por parte de la Secretaría del Trabajo.

“Las negociaciones sobre subcontratación laboral entre el gobierno y el sector empresarial deben acelerarse sin que los legisladores renunciemos a la creación de disposiciones que detengan la evasión fiscal y el daño a la seguridad social. Mucho menos podemos renunciar a la determinación de proteger los derechos de los trabajadores”, apuntó; pues, consideró que las y los legisladores deben garantizar que no se presenten retrocesos.

Por ello, hizo un nuevo llamado a las y los legisladores para aprobar esta iniciativa en el presente periodo de sesiones y así pueda entrar en vigor el próximo primero de enero, pues no se pueden tolerar más irregularidades que dañen los derechos de las personas trabajadoras y que menoscaben las finanzas públicas.

En ese sentido, resaltó dos puntos que deben ser la columna vertebral de los acuerdos:

1) La existencia de un organismo público vigilante para evitar abusos y que establezca las multas necesarias, constituye uno de los principales avances de la iniciativa presidencial. Suprimir el órgano que emita las autorizaciones y vigile la actuación de las empresas contratantes y prestadoras de servicios, sería algo que pondría en entredicho la verdadera regulación.

2) Se debe mantener la acción penal a partir de comprobarse la defraudación fiscal: El país tiene que contar con acciones más drásticas que garanticen la erradicación de la evasión y la elusión fiscal. Sobre todo, por la enorme colusión que se da con las empresas dedicadas a la facturación falsa. El daño al erario y a la seguridad social tiene que detenerse pues el abuso ha afectado severamente las finanzas nacionales y ha impedido la mejora a los servicios de salud.

Ramírez Cuéllar reiteró que la protección de las personas trabajadores y la garantía de prestaciones, deben ser una prioridad para todos, por ello, enfatizó en la autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión

Social con la que deberán contar aquellas personas que ofrezcan la prestación de servicios especializados y el padrón que se construirá con base en esta información: “Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo nos ayudarán a tener un acervo estadístico, confiable y de control que permitirá tener mayores elementos para la inspección y revisión de estas actividades. Además de tener la certidumbre que las empresas cumplen con sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social”, afirmó.

Las disposiciones anteriores incidirán directamente en beneficio de las y los trabajadores, (ya que en nuestro país aproximadamente 71.7 millones de personas no tienen acceso a la seguridad social, es decir, el 57.3% del total de la población) y en favor de las finanzas públicas, pues se ha identificado que la defraudación fiscal asociada a esta figura (subcontratación) se han vuelto práctica común en nuestro país.

El diputado federal también destacó la importancia de evitar el abuso de esta figura, es decir, se debe garantizar que el uso de esquemas de simulación sea calificado como un delito de defraudación fiscal, pues con ello se dará certeza jurídica respecto de las consecuencias de este tipo de conductas que retienen y no enteran el ISR y acreditan el IVA de manera indebida, además de afectar los derechos laborales.

Finalmente, apuntó que con la citada iniciativa se busca impulsar el desarrollo del mercado laboral ya que, con el uso de la figura de Prestación de Servicios Especializados, se dota al mercado laboral de flexibilidad en la contratación de servicios, mientras se protegen los derechos laborales y se cumple con las obligaciones fiscales de las empresas, lo que significará un gran avance en materia laboral para nuestro país.