· Mexicanas y mexicanos deben contar con herramientas jurídicas eficaces que permitan combatir arbitrariedades: Mildred Ávila.

· Se combate el ocio jurídico en la investigación, porque una autoridad en su actuar debe fundar y motivar su proceder: Rubén Cayetano.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, con 462 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el dictamen de la Comisión de Justicia que contempla la iniciativa presentada por la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, por el que adiciona un artículo 258 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Con ello, se eliminará la práctica cotidiana de la actuación omisa por parte del Ministerio Público (MP), para recibir las denuncias y darle el trámite jurídico que corresponda a fin de no dejar en indefensión a miles de hombres y mujeres que actualmente desconfían de la actuación ministerial.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Rubén Cayetano García manifestó que el artículo 21 de la Constitución concede y reconoce las facultades que tiene el MP durante la investigación de los delitos, el ejercicio de la acción penal y también como parte acusadora en el proceso.

Comentó que es sabido que durante la investigación, en muchos casos por la corrupción y componendas entre el Ministerio Público y abogados defensores, sino es que directamente con los infractores de la ley, se cometen graves omisiones o niegan la realización de diligencias que ayuden a conocer la verdad y lo ocurrido durante la mecánica de actos o hechos presuntamente delictivos.

Por ello, dijo, agregar el artículo 258 Bis relativo a las omisiones en la investigación como se propone en el dictamen, constituye combatir la reticencia de la o el servidor público investido por el imperativo 21 constitucional.

“Es pertinente señalar que cuando el dictamen dice que la negativa u omisión sea sin fundamento ni motivación, se refiere a que se combate el ocio jurídico en la investigación, justamente porque una autoridad en su actuar debe, en términos del artículo 16 de la Carta Magna, fundar y motivar su proceder”, indicó.

El diputado federal por el estado de Guerrero precisó que dicha reforma permitirá que las víctimas obtengan una herramienta legal para impugnar la negativa ministerial y, en su caso, procurar la sanción del servidor público omiso, indolente e irresponsable.

“Si la figura ministerial constitucional desoye el mandato del legislador, a través de la presente edición legal, será sancionado y podrá no sólo ser destituido si no inhabilitado por graves omisiones cometidas durante la investigación, afectando como representante social a víctimas de delitos y a la sociedad en general, transgrediendo principios de justicia”, agregó.

Por su parte la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, promovente del proyecto legislativo, argumentó que un amplio margen de delitos en el país se quedan sin una oportuna o efectiva respuesta por parte del sistema de procuración e impartición de justicia, además de carecer de una cultura de la denuncia entre la población derivado de la omisión por parte de las autoridades.

“En México, el manejo discrecional para recibir y dar trámite a las denuncias e investigaciones, ha generado una percepción colectiva de desprotección, en particular para quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y desigualdad, y que han aprendido a vivir con miedo ante la violencia que sufren”, explicó.

La diputada federal por el estado de Quintana Roo aseveró que los esfuerzos en seguridad resultan insuficientes cuando la autoridad ministerial no es efectiva en su función, porque no se puede hablar de seguridad sin justicia.

En ese sentido, precisó que el proyecto legislativo pretende erradicar la cotidiana omisión en que incurre el MP para recibir denuncias o para darle trámite jurídico que corresponda, lo que a la larga contribuye a una espiral impunidad que deja en indefensión a miles de hombres y mujeres, quienes desde hace mucho tiempo han perdido la confianza en la procuración de justicia.

Por último la legisladora Ávila Vera sostuvo que las víctimas o personas ofendidas de cualquier delito, tienen el derecho a que se les reciba la denuncia, a que se desahoguen las diligencias necesarias.

“Establecer que la negativa del Ministerio Público sin fundamento ni motivación para llevar a cabo una diligencia durante la etapa de investigación, se considere como una emisión que deberá ser sancionada a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos vigentes para que las y los mexicanos contemos con herramientas jurídicas eficaces que permitan combatir arbitrariedades”, concluyó.

La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió el dictamen con proyecto de decreto por el que adiciona un artículo 258 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Senado de la República para sus efectos constitucionales.