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Cámara de Diputados avala que delito de extorsión sea investigado como delincuencia organizada

14 octubre, 2020 - Prensa

· Adición de este ilícito a la ley permitirá a la autoridad judicial ejecutar medida cautelar de prisión preventiva oficiosa: Alejandro Viedma

· En Morena queremos perfeccionar la norma para aspirar al fortalecimiento de la impartición de justicia: David Orihuela.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 388 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de extorsión.

En ese sentido, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena refrendaron el compromiso del Poder Legislativo para que el delito de extorsión sea investigado como delincuencia organizada, y este tipo de delito sea procesado y sancionado bajo esas directrices.

Desde tribuna, el diputado Alejandro Viedma Velázquez refirió que la extorsión en México es un delito tan común, derivado de las malas prácticas neoliberales, que lamentablemente la mayoría de la población ha sido víctima o conoce a alguien que ha padecido de este agravio.

Informó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, elaborada por el INEGI en 2019, durante 2018 el segundo delito con mayor incidencia por cada 100 mil habitantes fue la extorsión. Solo por debajo de los asaltos en la calle o en el transporte público.

“Lo más alarmante es que la referida encuesta, en 2018, señala que se contabilizaron 5.7 millones de casos de extorsión. Es decir, una tasa de 6 mil 542 extorsiones por cada 100 mil habitantes, de los cuales 91.6 por ciento se realizaron vía telefónica y 7.1 por ciento fue pagado por un tercero para llevarlo a cabo”, indicó.

Alejandro Viedma también explicó que este delito se consuma de manera presencial, por los grupos de la delincuencia organizada, quienes acuden a los negocios u hogares para exigir un cobro constante a cambio de garantizar la integridad física de la víctima o la continuidad de su actividad comercial.

“La extorsión es el delito que mayor impunidad presenta, pues de acuerdo con la referida encuesta, en 2018, 97.9 por ciento de las víctimas no presentaron su denuncia ante el Ministerio Público”, expuso.

Ante este escenario, el legislador de Morena aplaudió que con la aprobación del proyecto legislativo se incorpore a la extorsión dentro del catálogo de delitos que son investigados, perseguidos, procesados y sancionados como delincuencia organizada.

“La adición de este ilícito a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, permitirá a la autoridad judicial ejecutar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a efecto de garantizar durante el desahogo del proceso penal, y asimismo salvaguardar la integridad de las víctimas, evitando así represalias en su contra”, agregó.

En su intervención, el diputado David Orihuela Nava enfatizó que el dictamen que presentó la Comisión de Justicia propone que el delito de extorsión sea incluido en el catálogo de delitos de delincuencia organizada, permitiendo así que quienes cometan este ilícito tengan que enfrentarse, además de la pena señalada en el Código Penal Federal, a las agravantes previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Apuntó que no se puede seguir permitiendo que este delito siga creciendo como ha venido sucediendo a lo largo de estos años, “que en los más recónditos apartados de la República Mexicana se siga viendo y que se genere la intranquilidad de nuestras familias”.

“En el del Grupo Parlamentario de Morena queremos perfeccionar la norma para aspirar al fortalecimiento de la impartición de justicia, pues con esta reforma no buscamos que los delincuentes sean objeto de venganza mediante la justicia, sino ajustar sus actos al derecho, ni más ni menos”, expresó.

Finalmente, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió el proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de extorsión, al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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