La diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que la inembargabilidad de los apoyos económicos que reciben personas en situación de vulnerabilidad por parte del Gobierno, debe quedar precisada en la Constitución.

En el marco del Primer Conversatorio “La protección de los programas sociales en América Latina”, la diputada expresó que los recursos provenientes del apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente, de la pensión no contributiva a que tienen derecho las personas mayores de 65 años y del sistema de becas para estudiantes del sistema de educación pública, deben contar con una protección especial, si es posible incluso en la Constitución.

Expresó que se trata del derecho al mínimo vital al que tienen las personas de los grupos más vulnerables de la sociedad para hacer frente a sus necesidades más básicas.

Señaló la necesidad de generar las condiciones necesarias para brindar la mayor protección posible a estos recursos y evitar que sean empleados para el cobro de cualquier tipo de deudas, sin el debido proceso legal.

“Esto equivale a un embargo de bienes realizado por un particular sin intervención de las autoridades judiciales a las que legalmente se les ha conferido la labor de autorizar esa clase de acciones”, expresó.

Explicó que el cobro de deudas sin juicio previo, cuando se trata de recursos provenientes de programas sociales, coloca a la persona vulnerable en un estado adicional de vulnerabilidad, pues se genera un daño económico que afecta su subsistencia y la de su núcleo familiar.

En ese sentido expuso que la iniciativa para la protección de los programas sociales partió de las realidades de la política social en el país que reconoce los derechos de ciudadanos y ciudadanas a través de la entrega directa de recursos.

Además de que las personas que pertenecen a grupos de mayor vulnerabilidad social frecuentemente son víctimas de prácticas o cláusulas abusivas contenidas en contratos de instituciones financieras que dejan a sus clientes en estado de indefensión, pues estos documentos incluyen la posibilidad de descontar, retener o embargar recursos de sus clientes por algún adeudo sin importar el origen de los recursos.

Puntualizó que esta propuesta no pretende evitar el pago de deudas, sino que las instituciones financieras no cobren créditos sin el debido proceso legal.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, celebró que los representantes populares piensen en proteger los programas de bienestar para la entrega de recursos provenientes del pueblo, a los sectores más vulnerables.

Expresó que la idea implícita de la propuesta es clara, la cual refiere que no se debe legalizarse las deducciones que pongan en riesgo la capacidad del salario para garantizar las necesidades básicas del trabajador y su familia”

Comentó que, a pesar de que durante el periodo neoliberal se hacía manifiesto el rol de los programas para el bienestar, nada se hacía para protegerlo del régimen de descuentos establecido.

En ese orden de ideas, declaró que es importante realizar la reforma constitucional que le de certeza a los apoyos, las pensiones, las becas “de nuestros derechohabientes”.

“Este blindaje a los apoyos sociales contra deducciones a los ingresos de los trabajadores y de las familias es indispensable y nos sentimos tranquilos que en el Legislativo los representantes populares estén mirando esto bajo una óptica común”, dijo.

La funcionaria resaltó la consolidación del Banco de Bienestar para garantizar la entrega directa de apoyos a la población, sin deducciones de ninguna índole.

El Conversatorio contó con la participación de Edgar Salvador Caballero González, profesor investigador de la UNAM, quien refirió la forma en que países latinoamericanos han venido incorporando las pensiones no contributivas a sus constituciones, la protección de la Corte Interamericana de los derechos sociales, y cómo se hacen justiciables estos derechos.

Por su parte, Alfredo Octavio Rada Vélez, ex ministro del Gobierno de Bolivia, consideró que el Estado tiene la obligación de regular el sistema financiero en función de la protección de los derechos de la sociedad.