· Esta medida brindará mayor certidumbre a las acciones que se emprendan a la comunidad científica, tecnólogos y jóvenes que innovan: diputada Marivel Solís.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 430 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el dictamen de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidido por la diputada María Marivel Solís Rivera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Dicho proyecto establece que en tanto no se alcance como país la meta del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, se deberá registrar año con año un incremento sostenido real de la inversión presupuestal en la materia con respecto al año anterior.

La legisladora Marivel Solís, al fundamentar el dictamen, manifestó que esta propuesta tiene un carácter temporal en lo que se alcanza una inversión del uno por ciento del PIB, ya que con esta medida el presupuesto federal en materia no podrá disminuir, por el contrario, deberá presentar incrementos reales con respecto al año fiscal anterior.

“Esta medida brindará mayor certidumbre a las acciones programadas que se emprendan a favor de la comunidad científica, tecnólogos y jóvenes que innovan, para lo cual es necesario reformar en su parte final el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología”, acotó.

Explicó que el presupuesto federal en ciencia y tecnología e innovación no podrá ser menor al del aprobado en el año fiscal anterior, sobre todo cuando este sector marca la pauta para el desarrollo de México y de las naciones, pues son actividades que por su naturaleza elevan los niveles de productividad, sobre todo mejoran la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, señaló que actualmente el estado del financiamiento para este sector estratégico ha sido insuficiente, a pesar de lo establecido en la legislación mexicana, ya que se ha quedado por debajo de lo mandatado, pues en los últimos años la inversión ha oscilado entre el 0.42 y el 0.55 por ciento del PIB.

“Los países que han alcanzado un alto grado de desarrollo, han destacado por disponer de políticas a largo plazo que se adaptan gradualmente a las necesidades cambiantes en este campo”, pronunció.

Por ello, Marivel Solís aseveró que se debe asegurar la continuidad de los proyectos de gran escala dentro de los marcos presupuestales en que fueron iniciados.

“Para nuestras universidades y centros públicos de investigación y, en general, para nuestra comunidad científica es deseable aumentar de forma gradual los recursos económicos destinados a las convocatorias, acciones o programas que resultan importantes para continuar ejerciendo sus labores y proyectos”, indicó.

La presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación subrayó que la estabilidad y certidumbre presupuestaria es una condición necesaria para el éxito del quehacer científico nacional, a fin de brindar mayor certidumbre a las acciones y programas que se emprendan a favor de la comunidad científica y, sobre todo, mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

Por su parte, la diputada María Eugenia Hernández Pérez planteó que es necesario promover e incentivar las inversiones privadas, así como fomentar y garantizar la inversión pública en esta área del desarrollo.

Mientras lo que respecta a la inversión pública en México, la ley de la materia en el artículo 9 Bis establece que el Ejecutivo federal y los gobiernos de cada una de las entidades federativas deben concurrir al financiamiento de la investigación científica y tecnológica conforme a los ingresos y gasto público de cada uno de ellos, y no podrá inferir al uno por ciento del PIB del país.

“El financiamiento de este estratégico sector es uno de los pilares de la transformación de la relación entre la ciencia, el Estado y la sociedad. Con esta reforma avanzamos en la construcción de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología que demanda el país y que mandata la Constitución”, concretó.

Hernández Pérez marcó que garantizar un presupuesto adecuado para la ciencia y tecnología permitirá orientar sus beneficios hacia el bienestar social, distribuir equitativamente sus frutos y responsabilidades entre los sectores sociales, las empresas y el Estado.