· Estos centros se deberán ubicar en zonas rurales, comunidades indígenas y territorios carentes de instituciones públicas.

· En poblaciones indígenas se deberá contar con personal que hable la o las lenguas que prevalezcan en la región.

La diputada Wendy Briceño Zuloaga, integrante de Morena, manifestó que con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Coordinación Fiscal, en materia de centros de justicia para mujeres, se busca fortalecer la definición de los centros de justicia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, teniendo de esta forma un marco normativo más claro.

Apuntó que el dictamen pone en el foco que los 51 centros que se encuentran en 29 entidades federativas, queden especificados como espacios a cargo de las Entidades Federativas que, en coordinación con el Gobierno Federal y los municipios brindan en un mismo lugar, servicios multidisciplinarios e interinstitucionales de atención integral con perspectiva de género, de interseccionalidad, de interculturalidad y de derechos humanos a mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijas e hijos.

Para que, entre otras funciones, puedan diseñar y actualizar los modelos de gestión operativa y atención de los Centros de Justicia para las Mujeres, a través de la CONAVIM y en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; “para lo cual requerimos impulsar, promover y coordinar con las entidades federativas y los municipios, la creación, equipamiento y fortalecimiento de dichos Centros”, mencionó.

La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género indicó que los servicios mínimos deberán ser: atención médica y psicológica, incluyendo atención terapéutica de contención emocional; asesoría y orientación jurídica. Representación legal; gestión de expedición de documentación oficial.

Así como contar con servicios de cuidado y atención infantil; servicios de trabajo social; servicios de protección de seguridad a víctimas en situación de riesgo grave o falta de red de apoyo familiar o comunitario para lo cual se coordinarán con los refugios para víctimas de violencia.

Briceño Zuloaga refirió que se dará acceso a la justicia a través de agencias del ministerio público especializadas en violencia contra las mujeres; asesoría, capacitación y servicios para el empoderamiento social y económico; gestión de acceso a servicios educativos; programas de incorporación de las mujeres víctimas de violencia al mercado laboral, y los demás servicios que contribuyan al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Se especifica que dichos Centros, se deberán ubicar de forma prioritaria en zonas rurales, comunidades indígenas y territorios carentes de instituciones públicas que prevengan y atiendan la violencia hacia las mujeres y facilitarán el acceso a la justicia las 24 horas todos los días del año.

Subrayó, que en poblaciones indígenas se deberá contar con personal que hable la o las lenguas que prevalezcan en la región; toda vez que se incluye la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, “a fin de facilitar a las mujeres víctimas de violencias el acceso a la justicia y la debida diligencia, implementando acciones que eviten la victimización secundaria, proporcionando atención integral a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos”.

Por último, explicó que se insta a solicitar los mecanismos de financiamiento con recursos federales a través de los programas, estatales y municipales para mejorar el funcionamiento y equipamiento de sus instalaciones.

Toda vez que las dependencias de la Administración Pública Federal involucradas y las Entidades Federativas favorecerán la coordinación de acciones que propicien la optimización de recursos y la infraestructura que actualmente se cuenta, así como la homologación o creación de protocolos de acción en los casos procedentes.

“Concluyamos este año, difícil en muchos sentidos, dando buenas noticias para una vida libre de violencia de todas las mujeres y niñas mexicanas; que el núcleo de los Centros de Justicia, resida en potencializar los servicios concentrados en una misma institución evitando la revictimización, la burocracia y la opacidad”, apuntó.