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Ley de Austeridad deja atrás los lujos y salarios desorbitados que caracterizaron al periodo neoliberal: Diputada Dolores Padierna

8 octubre, 2019 - Prensa

- Afirmó que también elimina los recortes de tipo neoliberal que consistían en recortar presupuesto a los derechos de las mayorías con sus terribles efectos sobre el bienestar de la población.

- Con la Ley de Austeridad, informó, se reduce el gasto corriente no prioritario sin afectar la inversión para la atención de emergencias y desastres naturales. Todo ello de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, afirmó que la Ley de Austeridad representa un cambio radical en la forma en la que se ejerce el gasto público en el país y deja atrás los lujos y salarios desorbitados que caracterizaron al periodo neoliberal.

Tras señalar que la norma rescata el mandato constitucional dirigido a todos los servidores públicos en el sentido de cuidar los recursos del erario, la legisladora federal remarcó que también reduce el gasto corriente no prioritario sin afectar la inversión para la atención de emergencias y desastres naturales. Todo ello de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo.

Dijo que el texto del Artículo 134 constitucional es claro cuando dispone que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas y los municipios deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

“Implementar una política de austeridad republicana no es una tarea sencilla. Estamos conscientes de las dificultades que se pueden producir en el camino. La ley no puede prever todo. Precisamente por esa razón es que la norma contiene las salvaguardas necesarias para corregir cualquier problema que se produzca. De lo que sí estamos seguros es que estamos en el camino correcto para establecer una nueva Administración Pública para México”, indicó.

Dejó claro que los funcionarios ya no se servirán del Estado y ahora se concentrarán en servir a las personas. Por ello, no sólo se reducen los gastos superfluos en equipamiento, oficinas y asistentes, sino que también se establecen restricciones aplicables para cuando los servidores dejen el servicio público. Así se evita que los conocimientos adquiridos con motivo del servicio público se transfieran a terceros y se produzcan afectaciones al erario y a la sana competencia entre los particulares.

Padierna Luna enfatizó que detrás de la Ley de Austeridad está una política pública decidida a evitar el dispendio que por muchos años ha caracterizado el funcionamiento del aparato de Estado mexicano, “con ello refrendamos nuestro compromiso con el establecimiento de un gobierno mesurado en su gasto, con funcionarios que reciben una remuneración adecuada y comprometido con los derechos de las personas”, acotó.

La Ley de Austeridad, agregó la diputada federal, está elaborada de conformidad con las mejores prácticas en la materia y las medidas que plantea no pueden impactar sobre los derechos humanos de las personas. Sus efectos son perfectamente compatibles con la expansión de los derechos económicos y sociales.

La ejecución del Programa de Austeridad, expuso, contempla la creación de un Comité de Evaluación que operará como un órgano colegiado interinstitucional especializado en analizar las medidas a aplicar. Explicó que dicho Comité de Evaluación y la Cámara de Diputados tendrán la obligación de elaborar año con año un informe de austeridad republicana en el que se reporten los ahorros y se analicen los efectos de las medidas adoptadas.

En el texto de la Ley también se reconoce el derecho a la buena Administración Pública. Este derecho se encuentra en el artículo 41 la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y fue incorporado a la reciente Constitución de la Ciudad de México.

“Se trata de una innovación importante que reconoce a las personas como el objeto de la acción pública. El derecho a la buena administración nos recuerda que la razón de ser del servicio público es el bienestar de las personas. Rompe con la verticalidad que caracteriza las relaciones de la Administración Pública con las personas para exigir que todo punto de contacto entre éstos y aquella tenga como punto de referencia la prestación de un servicio horizontal, integral y de calidad”, puntualizó.

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