Encabeza parlamento abierto con Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del SIPINNA, sobre la protección de los derechos de los menores en poblaciones marginadas.

La diputada Rosalba Valencia Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que es fundamental mantener los esfuerzos para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la pandemia, especialmente de aquellos jóvenes en mayor desventaja.

En el marco del parlamento abierto con Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del SIPINNA, para analizar los derechos de la niñez mexicana respecto a la epidemia por el coronavirus, la también presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia manifestó que las y los diputados tienen la obligación de conocer con mayor profundidad las acciones concretas de esta secretaría ejecutiva contra las violaciones de las garantías de los infantes, por lo que celebró este encuentro virtual.

En su intervención, la diputada Aleida Alavez Ruiz subrayó la necesidad de abordar la prohibición del maltrato físico contra niñas, niños y adolescentes, lo cual ya es materia de una minuta del Senado que externa explícitamente esta proscripción, pero que en su momento no prosperó.

Agregó que se debe realizar un pronunciamiento, desde el ámbito federal, respecto al Pin Parental, “porque no podemos permitir, por una cuestión ideológica se quiera trastocar el Estado laico y que haya una intervención en la educación de las niñas y niños de este país”.

Por su parte, la legisladora Silvia Lorena Villavicencio Ayala, sostuvo que el tema de la niñez debe ser un tema prioritario que debe trascender más allá de las circunstancias violentas que pudieran sufrir las y los infantes en el contexto del aislamiento por consecuencia de la emergencia sanitaria.

En ese sentido expresó que es pertinente plantear una iniciativa para tener el presupuesto suficiente que contribuya a atender integralmente a este sector fundamental para México al considerar que “los niños están muy invisibilizados”.

Al hacer uso de la voz, la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, sugirió tomar las medidas necesarias para impedir que la crisis de la pandemia se convierta en una crisis de derechos de niñas y niños; aplicar un mecanismo para que en las procuradurías y en el servicio de los números telefónicos de emergencia se considere como verídicas las denuncias de las y los jóvenes; y garantizar la enseñanza a fin de que no quede vulnerado el derecho a la educación de este sector de la población.

Añadió que debe existir corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno y sus instituciones para atender cuanto antes las denuncias de violación de derechos de la infancia de México.

Al respecto, la legisladora Susana Cano González resaltó que presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que en todo el sistema educativo por el resto del ciclo escolar y el venidero se activen tareas físicas, artísticas y de juegos para las y los niños.

Informó que desarrolló el programa permanente ‘Seguridad Emocional para la Infancia y Adolescencia’, que integra a madres, padres, psicólogas y educadoras para trabajar sobre el estrés y ansiedad que pudieran sufrir los jóvenes.

En su intervención, la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, sostuvo que cuando se aborda el tema de las y los niños como sujetos de derechos, el reto está en “que nadie se quede atrás. Primero los y las pobres porque el interés superior es la niñez”.

El diputado Marco Antonio González Reyes, destacó que presentó puntos de acuerdo en relación la violencia que niñas, niños y adolescentes han sufrido en el marco de la epidemia, pues “han surgido temas bastantes importantes, como el trabajo infantil. […] Yo esperaría que estos puntos de acuerdo tuvieran algún efecto positivo, que pudiéramos emprender acciones en conjunto para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Por su parte, Bucio Mújica consideró que propuso a las y los legisladores integrarse a las comisiones del SIPINNA, donde se discuten asuntos de relevancia para la niñez; la posibilidad de establecer un mecanismo de supervisión de ciertas tareas de instituciones enfocadas al cumplimiento de la protección de niñas, niños y adolescentes; continuar con el diálogo de la agenda legislativa en la materia; así como presentar una petición para exhortar a los Congresos locales sobre el Pin parental, dando cuenta de la perspectiva de por qué puede ir en contra del interés superior de la niñez.