Es una situación en la que se estarían configurando delitos como trata con fines de explotación, expresó el diputado Pablo Amílcar Sandoval.

El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un punto de acuerdo a nombre de la diputada Aleida Alavez Ruiz, para exhortar a autoridades de Nuevo León a investigar e informar las circunstancias bajo las cuales el gobernador de la entidad y su esposa sacaron a un bebé de las instalaciones del Albergue Capullos, incorporado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, por un fin de semana.

El legislador expresó que se busca instar al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y a sus homólogos en el estado a esclarecer los hechos e investigar a las personas que permitieron la salida del menor de edad con presuntos fines de convivencia familiar.

Agregó que se busca promover las acciones administrativas o penales contra las personas responsables, ante la posibilidad de la constitución de un delito.

El legislador expresó que el mandatario local Samuel García Sepúlveda y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, utilizaron al Gobierno del Estado de Nuevo León y al sistema de albergues para menores para exponer de manera cínica al menor en sus redes sociales.

“Dicen ellos que obtuvieron un permiso para un fin de semana y evidentemente hay derechos violados: el derecho a la intimidad del menor, a la protección de sus datos personales, a su salud, a los cuidados que debe tener un menor, un niño, a su dignidad, la su seguridad personal, y en general el interés superior de la niñez que ya está consagrado en nuestra Constitución”, puntualizó.

Recordó que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe la difusión de las imágenes de infantes, con el fin de proteger su identidad y datos personales, “lo cual fue violado flagrantemente”.

Sandoval Ballesteros puntualizó que al incumplirse los protocolos y procedimientos administrativos correspondientes, mediante el indebido uso de atribuciones, se estarían configurando delitos como trata con fines de explotación, comercial, sexual y trabajo forzado.

Comentó que para ser una familia de acogida se requiere una certificación y el cumplimiento de diversos requisitos para saber que las familias, efectivamente, pueden brindar protección a los menores y, obviamente, la esposa del gobernador de Nuevo León y él mismo no cuentan con esta certificación.

“Debe haber una sanción ejemplar para estos funcionarios superfluos que utilizaron la imagen de un menor para su regocijo en redes sociales”, expresó.