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Cumplimos

Propone Celeste Ascencio inelegibilidad para ser servidores públicos a quienes sean acusados de violencia familiar o incumplan con pensión alimenticia

8 septiembre, 2020 - Prensa

· Buscamos que al gobierno lleguen personas íntegras y que respeten a la familia, que es la base de la sociedad, dijo.

· Hombres y mujeres que tienen una responsabilidad pública, deben tener una vida acorde a la institución de la familia.

La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, propuso ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para que las personas que pretendan ocupar algún cargo público sean inelegibles en caso de haber sido condenados por violencia familiar o tengan obligaciones pendientes como deudor alimentario.

Desde tribuna, la diputada del estado de Michoacán argumentó que la propuesta tiene por finalidad que las personas que pretenden acceder a los cargos de diputados federales, senadores, ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, presidentes municipales e integrantes de ayuntamientos y gobernadores sean personas íntegras y respetuosas de los derechos humanos.

“Buscamos que al gobierno lleguen personas íntegras y que respeten a la familia, que es la base de la sociedad. El ejercicio de un cargo público debe ser ejercido por personas que no atenten o no hayan atentado contra la familia”, subrayó.

En ese sentido, precisó que aquellas personas que hayan ejercido violencia familiar y/o que no cumplan con el pago de la pensión alimentaria a su cargo, deben de estar inhabilitados para ejercer un cargo público, debido a que un funcionario público tiene como compromiso la vocación de servicio y respeto por el derecho de las personas.

“En la actuación pública debemos aspirar a ser éticos y debe haber congruencia entre la vida personal y pública de las personas que pretenden regir sobre la vida de otros. Es de señalarse que exigir cumplir con las obligaciones familiares y no ejercer violencia en contra de la familia, subyacen un profundo significado social”, indicó.

A efecto de que lleguen al gobierno personas cuyo comportamiento se base en principios de ética y de cumplimiento de obligaciones a su cargo, la diputada puntualizó que “no queremos machistas, ni abusadores, ni desobligados en sus cargos públicos”.

Reyna Celeste Ascencio Ortega aclaró que con esta propuesta de reforma constitucional se pretende exigir a los hombres y mujeres que tienen una responsabilidad pública, que tengan una vida acorde a la institución de la familia.

“No es una cuestión menor y lo que buscamos es que sean los mejores con mayor vocación y sentido social, lo que se constituye desde el seno del hogar”, reiteró.

Explicó que en México existen condiciones de violencia contra la mujer y la subcultura del machismo, que precisamente genera una falsa y distorsionada visión favorable hacia el macho que trata incumple a su familia, estereotipos que lamentablemente se repiten y perduran. De ahí que la ley tenga que aspirar a cambiar tales patrones.

“Para quien pretende desempeñar un cargo público se debe medir tanto el comportamiento en lo social como en lo privado, y en donde se debe conciliar no sólo la apariencia sino la actuación honesta. No por nada se habla de un modo honesto de vivir como exigencia para la ciudadanía”, agregó.

Asimismo, la diputada de Morena dijo que se desea que en las posiciones de mando y dirección social haya personas honestas, que cumplan con sus obligaciones como madres y padres de familia, al menos que ello daría mayores garantías de que el comportamiento público será adecuado y con mejores posibilidades y muy nulas posibilidades de desviarse.

“Un buen gobernante si bien se forja a lo largo de una carrera de servicio público su inicio es y será un hogar donde los padres que lo conformaron, estuvieron al tanto de su educación, cumplieron con sus obligaciones y le enseñaron el respeto por los demás”, concretó.

La iniciativa de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, por el que se reforman los artículos 55, 82, 95, 115 y 116 de la Constitución, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.


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