· El diputado presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a fin de fortalecer los derechos de los sujetos agrarios.

Fortunato Rivera Castillo, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena, propuso desactivar las prácticas fraudulentas, originadas por ambigüedades jurídicas que presenta y que permiten acaparar y especular con las tierras, a través de compras francamente ilegales y de dudosa legalidad.

A través de una iniciativa, en el que se reforman los artículos 13, 15, 20, 23, 59 y 75 de la Ley Agraria, se busca subsanar los vacíos legales o ambigüedades normativas que vulneran los derechos de los sujetos agrarios en todo el país.

La propuesta de reforma señala establecer que la calidad de ejidatario o posesionario se pierde cuando enajene ilegalmente tierras parceladas, caso en el cual la enajenación será nula y los derechos parcelarios objeto de la enajenación pasarán a favor del núcleo de población.

También indicar que es de competencia exclusiva de la asamblea el otorgamiento de ejidatario cuando se le asignen derechos parcelarios; delimitación y destitución de tierras ejidales para área parcelada; autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas; cambio del destino de las tierras; y la conversión del régimen ejidal al régimen comunal.

Además, estipular que las tierras de uso común en bosques o selvas tropicales no podrán ser parceladas, esto en beneficio y mejoramiento del medio ambiente de todo el territorio nacional.

Rivera Castillo explicó que quienes se dedican a las prácticas fraudulentas son “acaparadores que quieren las mejores tierras para desarrollarlas o por inversionistas de la minería, de la urbanización o la industria, dejando a los ejidos al desamparo y miseria”.

Aportó que la Ley Agraria del 92 ha venido acompañada de toda clase de crímenes y delitos cometidos a luchadores sociales, defensores de playas, bosques, agua y de los pueblos originarios, actos que no ocurrían cuando las tierras ejidales eran propiedad de la nación.

“Junto con la histórica conquista de la propiedad de la tierra por los ejidos, cuya propiedad ejidal derivó de la propiedad originaria de las naciones sobre tierras y aguas se desató sobre esta certidumbre jurídica la especulación apoyada en la debilidad que le concede su privatización, la privatización de las parcelas de la tierra de uso común”, apuntó.

El diputado por el estado de Hidalgo consideró que la riqueza nacional se encuentra en los ejidos y comunidades de México, ya que representa el 51 por ciento del territorio nacional y son poseedores de una gran riqueza de recursos naturales y en ellas se están desarrollando los grandes proyectos nacionales.

Se localizan, añadió, dentro de la propiedad social dos terceras partes de los recursos hídricos del país, el 70 por ciento de los bosques, el 60 por ciento de los litorales de México, las reservas de tierra para el crecimiento de las grandes ciudades, un porcentaje importante de la producción de alimentos, así como los grandes yacimientos mineros y proyectos estratégicos de desarrollo económico.

Y, abundó que actualmente el mercado ha crecido exponencialmente, y en buena medida sustentada en la ilegalidad que propician algunos vicios legales e imprecisiones.

Por ello, Fortunato Rivera Castillo señaló que se busca prohibir el parcelamiento de bosques, selvas y reservas naturales. Fortalecer el ordenamiento territorial, rescatando valor para las tierras ejidales y los activos de los ejidatarios.

Informó que según datos del Registro Agrario Nacional del 2016, más de 29 mil ejidos registrados, tenían más de 88 millones de hectáreas, 36 por ciento destinadas al parcelamiento y 61 por ciento destinadas al uso común.

“Esto ha traído como consecuencia enormes conflictos sociales, con incertidumbre en la tenencia de la tierra urbanizada y con ganancias inmensas solo para los desarrolladores inmobiliarios”, opinó.

La iniciativa del diputado de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, fue turnado para dictamen a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados.