• Muchas mexicanas no pueden ejercer plenamente sus derechos dado que no existen en gran parte del territorio nacional servicios que garanticen la interrupción legal y segura del embarazo.

La diputada federal de Morena, Lorena Villavicencio Ayala, presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente para incluir en el artículo 3° de la Ley General de Salud, la obligación del Estado de prestar servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres, incluyendo la interrupción del embarazo.

Asimismo, su propuesta incluye agregar un artículo 61 Ter a dicha ley, el cual establece que el Sistema Nacional de Salud deberá implementar acciones para proceder a la interrupción del embarazo de forma universal, gratuita y en condiciones de calidad, cuando la interesada lo solicite y el embarazo se encuentre en las primeras 12 semanas de gestación.

Adicionalmente, abundó, para proceder a la interrupción del embarazo, las instituciones del Sector Salud deberán proveer a las mujeres interesadas asesoría médica oportuna acerca del procedimiento de interrupción del embarazo, proporcionado también información sobre otras opciones, tales como la adopción o la asistencia social.

Además, las instituciones del Sector Salud deberán proceder a la interrupción del embarazo en un plazo no menor a cinco días naturales posteriores a la solicitud por escrito de la mujer interesada, siempre que se satisfagan las disposiciones legales aplicables.

En este marco, Villavicencio Ayala recordó que la mortalidad materna asociada al aborto es un problema de salud pública derivado principalmente de la penalización punitiva y en consecuencia de la ausencia de estos servicios de salud para las mujeres.

“Así la interrupción del embarazo es también un problema de salud pública, que genera una serie de complicaciones a pacientes y médicos, quienes, en la clandestinidad, mueren o ejercen su profesión sin recursos legales. Criminalizar el aborto sólo conducirá a una mayor tasa de mujeres que mueran por practicarlo”, agregó.

Por otro lado, la legisladora consideró que, a excepción de la Ciudad de México, las mujeres en la mayoría de las entidades federativas viven una restricción directa de sus derechos humanos en cuanto al acceso a la salud, la cual deriva de la ausencia de servicios de salud sexual y reproductiva, ya que existe una marcada diferencia por motivos geográficos, y mientras en la Ciudad de México las mujeres tienen este acceso de manera plena, en la mayoría de las entidades se niega este derecho.

Finalmente, Villavicencio Ayala recordó que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las múltiples convenciones de derecho humanos, el acceso a la salud y a una vida libre de violencia son derechos inalienables; sin embargo, muchas mexicanas no pueden ejercer este derecho dado que no existen en gran parte del territorio nacional servicios de salud pública, que garanticen la interrupción legal y segura del embarazo antes de las 12 semanas, tal como se ha establecido en la Ciudad de México, respaldado por la Suprema Corte de Justicia.