· Eliminar la ambigua y discrecional limitante que guarda el concepto de interés público, constituye un importante avance en el combate a la corrupción, dijo.

· Reforma al art. 73 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública obedece al principio universal de brindar a ciudadanos mayor transparencia: diputada Estefanía Rosas.

Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, diputado del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que poner a disposición del público el texto íntegro de todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades, a efecto de cumplir con el principio de máxima publicidad de las sentencias, garantiza la rendición de cuentas y estimula la transparencia activa.

“Eliminar la ambigua y discrecional limitante que guarda el concepto de interés público, constituye un importante avance en el combate a la corrupción mediante el establecimiento expreso de la publicidad que permite la oportuna rendición de cuentas”, señaló.

Sostuvo que colocar en la vitrina pública al Poder Judicial permitirá generar indicadores que determinen su desempeño para corregir y eliminar prácticas dañinas, por lo que se emprenderán las acciones necesarias para mejorar, corregir o eliminar las prácticas que lastiman a la ciudadanía e impiden la cabal impartición de la justicia.

Miguel Ángel Jáuregui expresó que el ejercicio de los derechos no puede estar subordinado a la opacidad, así lo señaló durante la discusión del dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de publicidad y de sentencias.

“La opacidad y la corrupción no tienen cabida en esta Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, de ahí que refrendamos nuestro voto a favor para dotar de seguridad y certeza jurídica a las y los mexicanos”, añadió.

El diputado federal en su intervención en tribuna argumentó que el derecho de acceso a la información pública es inherente a todas las personas, posibilitándolas a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin necesidad de acreditar interés alguno ni justificar su uso.

“Este derecho comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información que constituye una herramienta para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, ya que permite a las y los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar los actos de sus representantes, gobernantes y autoridades”, dijo.

Jáuregui Montes de Oca apuntó que de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro de los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información se encuentra cualquier autoridad del Poder Judicial.

Asimismo, explicó que la información pública se refiere a todos los documentos, es decir al soporte físico en el que se plasma la información, por ejemplo los expedientes del Poder Judicial.

“Actualmente la Ley establece la obligación de los Poderes Judicial Federal y de las entidades federativas de poner a disposición de las personas las sentencias que sean de interés público en su versión correspondiente”, añadió.

El diputado de Morena sostuvo que tras la aprobación del dictamen todas las sentencias serán públicas, dándose a conocer las prácticas discriminatorias y estereotipadas de algunos jueces, que afectan sobre todo a las mujeres, lo cual, además de restringir el derecho de acceso a la información pública, genera opacidad e impide evaluar la forma en que se imparte justicia en el país.

En tanto Luz Estefanía Rosas Martínez, diputada federal de Morena, al presentar a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción el proyecto de decreto, explicó que reformar el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública retoma el espíritu de dicha Ley: informar a las mexicanas y los mexicanos como prioridad gubernamental.

“Obedece al principio universal de brindar a las y los ciudadanos una mayor transparencia sobre el actuar de todos los poderes y la división de estos, así como de las acciones y decisiones que los servidores públicos toman”, destacó.

La diputada refirió la investigación “Injusticia abierta, ranking de la pasividad judicial en México”, en donde ninguno de los 32 poderes judiciales locales del país cumplían con su obligación de transparentar sentencias de acuerdo a los principios de máxima publicidad, accesibilidad, y oportunidad, a pesar de la obligación legal de hacerlo.

Por ello, aclaró que se logrará transparentar las sentencias que se van generando día a día, siendo un acto democrático, lo que permitirá entender los raciocinios en las resoluciones, disminuir las simetrías de la información estableciendo un control de la actividad jurisdiccional ciudadana, accediendo a la información judicial sin que se medie alguna solicitud de acceso a la información.

Por lo tanto, agregó, nos acerca a una justicia abierta y a la posibilidad de transparentar la actividad de justicia en nuestro país. Esta modificación nace de la necesidad de mejorar la rendición de cuentas dentro del poder judicial, así como crear parámetros de evaluación ante acciones de evidente injusticia.

Finalmente la diputada Rosas Martínez mencionó que ante el desprestigio que atraviesan las instituciones de administración y procuración de justicia, no debe haber espacio para la opacidad y mucho menos para la discrecionalidad.

“La transparencia en el Poder Judicial permitirá que los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía observen, monitoreen y controlen la actividad en el Poder Judicial y así poner al descubierto la corrupción y reforzar las bases de justicia en nuestro país”, acotó.