· Avanza el diálogo para la construcción de la propuesta.

Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, reiteró el compromiso de trabajar en conjunto y en consenso con la sociedad civil en una propuesta que garantice que todas las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas para que realicen sus actividades de manera tranquila y transparente, en un tema de libre expresión apegado a la Constitución.

“Queremos que sea una iniciativa de consenso, no una imposición, sino que todos aporten los elementos necesarios para que pueda haber un ordenamiento jurídico que pueda resolver el problema que tenemos actualmente”, enfatizó.

En el marco de la segunda mesa técnica de parlamento abierto para la dictaminación de la Ley para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los Delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Barrera Badillo sostuvo que la propuesta de iniciativa debe contener las aportaciones necesarias de todos los actores involucrados.

“Lo que queremos es generar un documento donde tengamos los mecanismo necesarios para dar protección. Actualmente todos coincidimos en un objetivo: debemos proteger y procurar a las vidas y a las personas que se dedican a la libertad de expresión (...) nuestro objetivo es que México sea un país seguro”, subrayó.

La legisladora de Morena recordó que en las pasadas administraciones y legislaturas se han hecho compromisos sin poder llegar a concretar lo que hoy tanto se necesita en el tema de defensores de derechos humanos y periodistas; por lo que consideró que en esta LXIV Legislatura, en su parlamento abierto, se podrá tener un buen resultado a través de sus mesas técnicas y foros regionales a realizar en la materia.

En el evento, el cual se enfocó a atender el tema del mecanismo federal de protección, la diputada federal indicó que “para presentar un dictamen de una nueva ley, tenemos que consultar a todos los actores involucrados en la materia (...) estamos en ese diagnóstico y análisis de todos los actores porque no es lo mismo leer un documento a tener la realidad que muy palpable de todos ellos que están involucrados en los temas”.

Rocío Barrera recordó que tras cinco meses de trabajo de origen, se contempla la realización de seis mesas técnicas de parlamento abierto para la dictaminación de la Ley, además de la realización de tres foros regionales: Monterrey, Chiapas, y en la Ciudad de México, el cual se contemplará una perspectiva internacional de derecho contemplado.

En su turno, los participantes, académicos, especialistas, integrantes de organizaciones civiles y representantes gubernamentales federales, estatales y locales, comentaron que se deben implementar mayores recursos para que las instancias y áreas de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas ejerzan un mejor ejercicio.

Además, señalaron que las fiscalías deben de ser fortalecidas desde el legislativo, a través de políticas públicas e inyección de mayor presupuesto, a fin de transformar las medidas de protección, y fortalecer los modelos y estándares de actuación, para que en efecto las fiscalías y ministerios públicos atiendan la constitucional en materia de libertades y derechos de la población en comento.

En el evento, se reiteró la necesidad de que las medidas de protección sean coordinados con las víctimas, sociedad civil, autoridades en la materia, legisladores, entre otros actores, a fin de que el modelo de protección sean las idóneas, por lo que la ruta de trabajo debe ser en conjunto con las entidades federativas, autoridades estatales y municipales, además de desarrollar procedimientos en las áreas de riesgo que sean fortalecidas jurídicamente.

Se contó con la presencia de Gerardo de Jesús Albarrán Alba, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Periodistas CDMX; Claudia Cruz Santiago, directora del mecanismo federal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos; Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, AC; Rodrigo Santiago Juárez, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Gabriel Carmona Albuquerque, director de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección.

Además de Ricardo Pavón, director general de Protección integral de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México; Mario Andrés Hurtado Cardozo, investigador de la organización Propuesta Cívica; Gabriela Ortiz Quintero, periodista; José Eduardo Morales Montes, titular de la fiscalía de Chiapas, titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos contra Periodistas en Chiapas; Olga Guzmán Vergara, directora del Área de Incidencia Nacional e Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos; Ángeles Hernández Alvarado, de la RED TDT; Sara Mendiola, de Propuesta Cívica; Cecilia Real Rodríguez, directora de Proyecto Provoces, entre otros especialistas.