·         La iniciativa preferente enviada a la Cámara de Diputados por el Presidente de la República prioriza el interés público fortaleciendo al Sistema Eléctrico Nacional.

·         Como ha sido una característica de las reformas en esta Legislatura, se propondrá que se analice con la participación de todos los sectores involucrados para discutir de cara a la Nación el tema energético.

El día de hoy, en la Sesión de Congreso General para la apertura del 2º Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, el Presidente de la República presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y solicitó expresamente, en uso de sus potestades constitucionales, que sea turnada a la Cámara de Diputados y que su resolución se realice con carácter preferente.

El trámite preferente de la iniciativa implica que debe ser analizada, discutida y votada en esta Cámara en un plazo máximo de treinta días naturales, para que sea remitida a la Cámara de Senadores, la que deberá resolverla en un plazo idéntico.

El coordinador parlamentario, Ignacio Mier Velazco, señaló que como ha sido característico de esta Legislatura, propondrá que se discuta esta reforma con la participación de todos los sectores involucrados, para analizar de cara a la Nación un tema de gran relevancia como es el sistema energético.

Al respecto, afirmó que esta iniciativa es consecuente con el principio constitucional de exclusividad y rectoría del Estado sobre la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional.

Aclaró que ésta no es una reforma constitucional, sino una modificación para adecuar la Ley de la Industria Eléctrica a una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado y terminar con la simulación de precios que favorece la especulación, el dumping y subsidios con cargo a la CFE y a los mexicanos.

Además, dijo que se pretende una mayor participación en condiciones de equidad y sin privilegios de las centrales eléctricas de la CFE con tres objetivos claros: la confiabilidad del sistema eléctrico, la seguridad energética nacional e incrementar la capacidad de reserva.

También, y conforme a las reglas de libre mercado, los criterios de despacho dejarán de ser a modo y en beneficio de un solo sector. “Con esta reforma, el despacho físico de las centrales de generación será a partir de costos unitarios.

Ignacio Mier refirió que esta reforma del Gobierno Federal refrenda la soberanía nacional, fortalece a la Comisión Federal de Electricidad y prioriza el interés público para el acceso y la distribución equitativa de energía en todo el país en condiciones menos costosas.

Uno de los contenidos importantes de esta propuesta es garantizar las condiciones legales para que haya un arreglo adecuado de todos los productores para que a nadie le falte energía.

Se trata de una reforma legal que es compatible con el marco constitucional de energía eléctrica vigente, que establece que la rectoría en esa materia le corresponde a la Nación.

Además, se organizan las categorías conceptos y definiciones de la Ley de Industria Eléctrica para priorizar el interés público sobre el interés privado, contrario a lo que sucedió en la reforma energética neoliberal del 2013, en la que mediante un régimen transitorio se dio pauta para que los privados impusieran sus condiciones, simularan compromisos de generación de energía que no fueron cumplidos y dejaron a la CFE con la obligación de otorgar subsidios y asumir las pérdidas.

Se mantiene la libre competencia del sector público y del sector privado en condiciones de equidad para evitar el deterioro que se ha impuesto a la Comisión Federal de Electricidad.

Los contratos y permisos vigentes se mantienen y serán revisados para verificar que cumplan con la ley; esto se hará con base en lo establecido en la ley de procedimiento administrativo, donde se garanticen el trato igualitario tanto de la autoridad como de los particulares.

Esta reforma permitirá contar con un modelo que beneficie a las familias, a las empresas, alejará el modelo privatizador del régimen neoliberal y se reordenarán las fuentes de generación de energía eléctrica “limpias” en condiciones equitativas, se fortalecerá la libre competencia, se mantendrán las inversiones públicas y privadas que se requieren en este sector y se asegurará la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

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