· Parlamento abierto dota de herramientas a los legisladores para enriquecer la discusión del dictamen en beneficio de sectores vulnerables.

Para la diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, la reforma al artículo 4º constitucional fortalece la visión de Estado con la que el gobierno federal busca dar certeza en materia de bienestar a quienes más lo necesitan, precisamente estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad permanente.

En el marco de clausura del Parlamento Abierto para el Análisis sobre la Incorporación Constitucional de Garantías y Derechos en Materia de Bienestar, convocada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Salud, la diputada señaló que la propuesta responde a las décadas de rezago que administraciones pasadas generaron en la población, especialmente en los sectores más vulnerables.

“Tenemos un crecimiento de la pobreza en la población que tenemos que atender y esto se logra con estas garantías que van impulsando a que los derechos que están establecidos en la Constitución, como la salud, la educación principalmente, tengan cómo tener cabida”, expresó.

Expresó que las y los ponentes dotaron de herramientas a los legisladores para enriquecer la discusión del dictamen y fijar la vía para que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar, cuando menos, las mínimas condiciones que necesita la población para su bienestar y que, desde políticas neoliberales, decidió abandonar.

El Parlamento contó con la participación de Ariadna Montiel Reyes, Subsecretaria de la Secretaría del Bienestar; Lídice Rincón Gallardo Pavón, presidenta de la Fundación ‘Gilberto Rincón Gallardo’ A.C. y asesora de la Presidencia del Conapred; Katia D’Artigues Beauregard, de la Fundación Yo también AC; Víctor Santos Catalán, de la Red por la Inclusión Social y la Justicia AC; Margarita Sandra Garfias Hernández, miembro de Familias y Retos Extraordinarios AC y Yo Cuido México; Yaopol Pérez Amaya Jiménez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Araceli Damián González, directora general del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social Ciudad de México; Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Así como de las intervenciones de Juan Ferrer, director del INSABI; Joaquín Molina, asesor de Análisis Estratégico y Evaluación del INSABI; Luis Enrique Pereda Trejo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Adolfo Martínez Valle, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM; la académica Angélica Ivonne Cisneros Luján; Héctor Juan Villareal Páez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Nohemí Leticia Ánima Vargas, coordinadora Nacional del Programa de Becas para el Bienestar ‘Benito Juárez’; Javier López Sánchez, 4o.visitador de la CNDH y de la psicóloga clínica Elimey Savala Reyes.

“La participación de los ponentes nos lleva a considerar que estamos en lo correcto que, como visión de Estado, sí es válido y procedente que hagamos esta inclusión en la Constitución de esta política pública, que se piensa como un piso que va a tratar de que las cosas se vayan haciendo equitativas, especialmente para las personas en condición de pobreza, para que así todos vayamos avanzando, creciendo, teniendo los satisfactores básicos para una vida más completa”, dijo.

Explicó que el dictamen se discutirá, primeramente, en Comisiones Unidas, “para entonces darle vista al pleno el jueves, como primera lectura y el próximo martes estaríamos ya en la discusión en pleno”.

Aunque lamentó la poca participación de diputados de Grupos Parlamentarios de oposición en el Parlamento, destacó que el encuentro dotó de los elementos precisos para fortalecer el dictamen y “con ello vamos a poder abonar a que la reforma que propone el Presidente sea lo más completa posible”.