• El sector transportista no está en contra de que se expida este marco legal, el cual debe integrar sus propuestas, visiones y necesidades, comentó el diputado Francisco Javier Borrego.

• El objeto principal de la Ley es priorizar las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial y así reducir al máximo tanto muertes como lesiones graves, expresó el diputado Pablo Amílcar Sandoval.

La Cámara de Diputados, con 347 votos a favor, 26 en contra y 106 abstenciones aprobó los artículos reservados del dictamen que expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en sus términos y con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

Por lo que quedó avalado, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, mediante la cual se establecen las bases y principios para garantizar el derecho al tránsito en condiciones de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Al hacer uso de la voz, el diputado Francisco Javier Borrego Adame expresó que es necesario dar voz a quienes demandan una norma eficiente y efectiva que resguarde sus derechos y libertades relacionadas con la movilidad y el libre tránsito.

Afirmó que el sector transportista no está en contra de que se expida este marco legal, el cual debe integrar sus propuestas, visiones y necesidades, motivo por el cual presentó reservas al dictamen que fueron aceptadas por la asamblea.

El legislador apuntó que sus reservas tienen el propósito de mejorar y fortalecer la ley para “garantizar el derecho a la movilidad, así como impulsar la competitividad nacional”.

“Es necesario establecer normas y procesos que eviten acciones discrecionales, regulaciones y cobros excesivos o adicionales que afecten a la economía de las personas”, dijo.

Manifestó que su propuesta es consignar el concepto de “persona permisionaria”, promover acciones para evitar gravar y sobrerregular los servicios de autotransporte, así como salvaguardar la libertad de tránsito en las diferentes entidades del país, tanto de personas como de mercancías.

Indicó que su reserva prevé evitar la tramitología excesiva de permisos adicionales, y busca que las licencias para conducir puedan ser impresas en material plástico o de forma digital, mediante aplicaciones tecnológicas.

Borrego Adame comentó que es necesario, a través de la labor legislativa, garantizar que los legítimos intereses de los sectores sociales y productivos del país apunten a la salvaguarda de todos los derechos y de todas las personas.

“De ahí que estas reservas cerrarán el paso a interpretaciones discrecionales respecto de quienes estarán sujetos a la aplicación del nuevo ordenamiento y bajo qué circunstancias”, indicó.

Por su parte, el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros informó que el reglamento que se expide proviene de una agenda de movilidad que inició su construcción hace varios años.

“El gobierno del Distrito Federal, de aquel entonces, inició las modificaciones y construcción de una agenda sobre movilidad con el compromiso de impulsar diferentes tipos de movilidad”, señaló.

Expresó que se buscaba fomentar el uso de la bicicleta con fines recreativos y de transporte, implementando acciones que permitieran la utilización de la vía pública de forma equitativa, a fin de que “peatones y automovilistas puedan convivir de manera segura, respetuosa y cordial”.

Por ello, refirió que el dictamen cumple y tiene un amplio sentido social. “Es loable, es idóneo y necesario para llevar a México a la vanguardia”.

“El objeto principal de la Ley es priorizar las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial y así se pueda reducir al máximo las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales”, afirmó.

En ese sentido propuso reservas al dictamen para incluir en la Ley General la garantía de no obstaculizar el comercio internacional, para atender los compromisos signados por el gobierno mexicano.

El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular, por lo que se devolvió al Senado para los efectos constitucionales.