· La diputada Wendy Briceño prevé que las propuestas puedan aprobarse en el pleno durante el presente periodo

Diputadas de las Comisiones de Igualdad de Género, Salud y Puntos Constitucionales, expresaron en conferencia de prensa conjunta que se discutirán y aprobarán diversas reformas para despenalizar la interrupción del embarazo en todo el territorio nacional y para garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En el marco del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, la diputada Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad, señaló que es necesario establecer legalmente esta posibilidad porque, legal o no, las mujeres abortan en México y en el mundo, poniendo en riesgo tanto su vida como su integridad mental.

Para tales efectos, señaló, se busca modificar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud, de modo que se señale la obligatoriedad de la Secretaría de Salud a garantizar el respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, derogar el artículo relativo a la objeción de conciencia del personal de salud y cambiar la denominación del capítulo VI, para quedar como “Servicios de planificación familiar y anticoncepción”.

Comentó que esta iniciativa, suscrita por 140 diputadas y diputados de 6 Grupos Parlamentarios y sin partido, se encuentra en proceso de análisis en comisiones unidas de Igualdad y Salud, y en caso de su aprobación se subiría al pleno en este periodo legislativo.

“Estamos trabajando acorde con nuestra responsabilidad, de manera congruente con la denominación de esta Legislatura, la Legislatura de la Paridad de Género”.

En su intervención, la legisladora Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud, expresó que las iniciativas señalan especialmente que en el Código Penal Federal se sigue considerando al aborto como un delito, con sanciones hacia las mujeres y hacia los profesionales de la salud que lo practican.

“Creo que vamos en dos vertientes importantes, pues hay que avanzar en el área de salud, en los derechos de las mujeres, en el derecho a decidir, etcétera, y también tendríamos que intentar ver si podemos avanzar en la despenalización como se ha planteado en varias ocasiones”, comentó.

Por su parte la diputada Aleida Alavez Ruiz apuntó que, las mujeres en México deben contar con la garantía de que se respeten sus decisiones, “de respetar su cuerpo y esta es una demanda que venimos haciendo de hace años”, expresó.

Si ya hay una norma oficial mexicana que se asemeja a lo que ya existe en la Legislación en la Ciudad de México, sobre el derecho a interrumpir un embarazo de las mujeres ya sea por violencia hasta las 12 semanas de gestación, “esto lo tenemos que hacer también valer en el resto del país; no se vale que solamente en la Ciudad de México se tenga esta posibilidad”, añadió.

Indicó que, en esta Legislatura de la Paridad debe haber “la sensibilidad necesaria para traducir algo que ya urge en el país para hacer valer que las mujeres tenemos nuestro derecho a decidir por nosotras y por todas las que vienen en términos generacionales, atrás y que además ya se nos van poniendo enfrente y tenemos que asumir esa voz que nos vienen empujando”.

A su vez, la diputada Lorena Villavicencio Ayala, reconoció el esfuerzo que se ha hecho desde las comisiones de Igualdad de Género y de Salud para generar una iniciativa de consenso que tiene el apoyo de 146 diputados y diputadas, para dictaminar tres leyes en materia de interrupción del embarazo.

Indicó que legislar por el aborto como derecho humano es un asunto, de justicia social, “es un asunto y lo vamos a aprobar de salud pública y también tiene que ver con la democracia, ya que no hacerlo no reconocemos las graves implicaciones que tienen estas leyes restrictivas del aborto sobre la vida de las mujeres y la sociedad”.

Asimismo, apuntó que no se está promoviendo el aborto, sino el derecho a decidir “sobre nuestra sexualidad reproductiva, quiere decir que le compete a cada mujer tomar su propia decisión y al estado dar garantías para que esa decisión pueda ser resguardada o apoyada desde un servicio de salud que no implique poner en riesgo su vida”, expresó.