- El presidente de la Comisión, Feliciano Flores Anguiano, explicó que para perfilar el proyecto se llevó a cabo un diálogo amplio y 35 foros estatales.

Integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento que preside el diputado Feliciano Flores Anguiano, presentaron en conjunto la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas en el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La propuesta para crear este ordenamiento legal está suscrita por legisladoras y legisladores de diferentes fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados; señalan que para su construcción hubo un proceso de diálogo amplio que logró una iniciativa que integra de manera equitativa las voces de todos los sectores del agua.

Dicha iniciativa pondera que la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y domésticos, y observa su relación intrínseca con otros derechos humanos. Además, se reconoce la universalidad, pues toda persona, sin excepción debe gozar de este derecho.

El propósito es definir una ley operativa que se respete y se cumpla, innovar en mecanismos que garanticen plenamente el cumplimiento de la Ley General de Aguas (LGA) y que se establezcan con claridad las competencias y atribuciones de las autoridades involucradas y la participación ciudadana efectiva.

También se busca que resuelva la histórica incertidumbre en torno a la propiedad del agua de los pueblos originarios, reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho y vincula jurídicamente los derechos consagrados en la Constitución. Asimismo, integra la transversalidad del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, para ello, los contenidos técnicos y jurídicos de la LGA deberán incorporar una perspectiva y lenguaje de derechos humanos.

Se establece la regulación hídrica conforme a las condiciones particulares de las regiones. Busca garantizar un presupuesto suficiente para el sector hídrico y contempla desarrollar un sistema de concesiones en beneficio del ambiente y la sociedad, así como monitorear y vigilar el uso de los volúmenes concesionados.

Define también integrar la corresponsabilidad, calidad y equidad en la prestación de servicios de agua y saneamiento, incluyendo mecanismos de regulación, transparencia y rendición de cuentas.

Refiere sustentar la gestión del agua a partir de la visión integral de la cuenca hidrológica y diseña un sistema de procuración de justicia. Las sanciones administrativas deberán conducirse hacia el aprovechamiento sustentable del recurso y la remediación ambiental y social. El proyecto también integra reconocer, fortalecer e incentivar la gestión comunitaria del agua y observa la perspectiva de género.

Se reconoce la interdependencia de los derechos humanos, y lo establecido en la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en donde se señala que el derecho humano al agua se desprende del derecho a un nivel de vida adecuado y se encuentra íntimamente relacionado con el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a un ambiente sano, a la dignidad humana, entre otros.

Particularmente se observa que en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y domésticos. De ahí que se retoma colocar al agua para el uso personal y doméstico como prioridad. En el mismo marco de derechos, considera en el sistema de planeación e información a la Estrategia Nacional para la Equidad y Sustentabilidad del Agua, que tendrá un esquema de indicadores y directrices para el seguimiento y cumplimiento de los derechos y la gestión integral.

Además, se reconoce la universalidad, pues toda persona, sin excepción debe gozar de este derecho. Se incorporan los principios de interdependencia y la indivisibilidad; así mismo, se hace referencia al principio de Progresividad, el cual se relaciona con la prohibición de reducir los derechos y la obligación positiva del Estado de promoverlos de manera gradual.

La iniciativa también se pronuncia frente al compromiso de Estado que México asumió respecto al cumplimiento de las agendas globales de desarrollo, principalmente de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Lo anterior con miras a transitar hacia un nuevo paradigma de desarrollo basado en la sostenibilidad, preservación integral del medio ambiente, la adaptación y mitigación del cambio climático, desarrollo económico incluyente, así como al bienestar social en consonancia con el respeto pleno a los derechos humanos.

La propuesta de esta ley, responde a la reforma al artículo 4º Constitucional en materia de los derechos humanos al agua y al saneamiento, realizada en 2012, donde se incluye un transitorio que establece promulgar una Ley General de Aguas, y transcurridos más de siete años no existe tal.

El diputado Feliciano Flores Anguiano explicó que para atender el mandato constitucional, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento convocó a 35 foros estatales de consulta social denominados: “Rumbo a la Construcción de una Ley General de Aguas” en la que participaron funcionarios públicos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, empresarios y usuarios del agua.

Flores Anguiano detalló que el objetivo de los foros fue entablar un diálogo abierto, incluyente y participativo, atendiendo los diferentes retos y propuestas entorno al agua a lo largo del país. Cada sede definió las temáticas a abordar, de acuerdo con las necesidades y temas urgentes en su región. Apuntó que dichos foros se realizaron entre mayo de 2019 y enero de 2020 en las entidades federativas de México y contaron con la participaron más de 7 mil personas.

Para la construcción de la iniciativa, se estableció una ruta y se creó un grupo técnico-jurídico de trabajo para procesar las propuestas, recibir observaciones y avanzar en la definición de la propuesta.

Cabe señalar que el proyecto de decreto abroga la Ley de Aguas Nacionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de 1992.