· Son modificaciones de gran calado para fortalecer la SCJN y la Defensoría Pública y adoptar la paridad de género como principio de la carrera judicial, subrayó.

La diputada Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, manifestó que las reformas al Poder Judicial de la Federación son de gran calado, cuya finalidad es acercar, tal y como lo dispone el artículo 17 constitucional, la justicia a todas y todos los mexicanos.

Desde Tribuna, la legisladora integrante de Morena indicó que las reformas al Poder Judicial de la Federación fortalecerán a la Suprema Corte de la Nación y al Instituto Federal de la Defensoría Pública, de igual forma, adopta la paridad de género como principio de la carrera judicial.

Manifestó, que esta reforma marcará una nueva época en el sistema jurídico mexicano porque atiende la necesidad de fortalecer a nuestra Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional, “lo que, sin duda alguna, abonará en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos”.

Al presentar el dictamen, señaló que esta reforma es resultado de los esfuerzos conjuntos de los tres poderes de la Federación, el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, “para atender el reclamo de justicia de la sociedad mexicana; por lo que esperamos que esta reforma no sólo contribuya a transformar al Poder Judicial Federal, sino a todas las instituciones del Estado y los operadores jurídicos”.

“Es un momento de transformación, debemos responder con diligencia al reclamo de la sociedad para construir un México con justicia”, expresó.

Por otra parte, la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García aseveró que la reforma al Poder Judicial de la Federación consolidará un hecho de gran relevancia en la impartición de justicia en México, ya que se fortalecerá el combate a la corrupción, la injusticia y la impunidad. Y, agregó, el proyecto busca cambiar la mala percepción del aparato jurídico.

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena precisó que la reforma es amplia y traza el camino hacia una mejor justicia, con pleno respeto a los Poderes del Estado y que es producto de la reflexión del propio ejercicio judicial, además de que es “integral y de largo alcance, porque busca consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero tribunal constitucional”.

Esta reforma constitucional coincidente con lo planteado por la colegisladora, plantea reformar los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha reforma establece fortalecer el papel de Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptando el sistema de Precedentes Judiciales; y se depura la materia de las Controversias Constitucionales, eliminando las cuestiones de legalidad, al tiempo que se amplía como hipótesis de procedencia a las omisiones, las cuales pueden ser de cualquier orden, siempre y cuando se imbriquen en problemas constitucionales.

De igual forma, se amplía la facultad de promover controversias constitucionales, a los Órganos Constitucionales Autónomos Locales; se fortalece la declaratoria general de Inconstitucionalidad; se restringe la procedencia del Recurso de Revisión en Amparo Directo, y se elimina la posibilidad de impugnar los acuerdos del Presidente cuando determina desechar un recurso de esta clase.

Asu vez, se eliminan los Tribunales Unitarios de Circuito y son sustituidos por los Tribunales Colegiados de Apelación; se eliminan los Plenos de Circuito y son sustituidos por los Plenos Regionales; se cambia la denominación de “Contradicción de Tesis” por el de “Contradicción de Criterios”; así como se elimina el Recurso de Revisión Administrativa del que conoce la Suprema Corte y se concede tal facultad al Consejo de la Judicatura Federal.

También, manifiesta que se amplía la aplicación de la Carrera Judicial, se adopta la paridad de género como principio de la carrera judicial; se sustituye la denominación del “Instituto de la Judicatura Federal” por el de “Escuela Federal de Formación Judicial”; y Se elimina la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revocar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal;

En relación con el Instituto Federal de Defensoría Pública, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, éste se eleva a rango constitucional lo que implica, por una parte, fortalecer su autonomía y, por otra, que tanto los defensores públicos como los asesores jurídicos pasarán a formar parte de la carrera judicial, con todas las implicaciones que esto conlleva.

En ese tenor, se faculta al Consejo de la Judicatura para concentrar, en uno o más órganos jurisdiccionales previamente establecidos, para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos; y el cumplimiento sustituto de la Sentencia de amparo se encarga al órgano que concedió el amparo.